JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-336/2001

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA “A” DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TERCERO INTERESADO: COALICIÓN ALIANZA POR COMITÁN

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

SECRETARIO: ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ

México, Distrito Federal, a veintidós de diciembre de dos mil uno. VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro citado, relativo al juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Miguel Ángel Gordillo Argueta, representante propietario de ese instituto político ante el Consejo Municipal Electoral de Comitán de Domínguez, Chiapas, en contra de la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil uno, dictada por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente del recurso de queja TEE/RQ/098-“A”/2001, y

R E S U L T A N D O

I. El siete de octubre de dos mil uno, se llevó acabo la jornada electoral para renovar a los miembros de los ayuntamientos del Estado de Chiapas, entre ellos, el del municipio de Comitán de Domínguez.

II. El diez de octubre de dos mil uno, el Consejo Municipal Electoral de Comitán de Domínguez, Chiapas, realizó el respectivo cómputo, declaró la validez de la elección y entregó las constancias de mayoría y validez; dicho cómputo arrojó los siguientes resultados:

III. El quince de octubre de dos mil uno, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto del ciudadano Miguel Ángel Gordillo Argueta, en su carácter de representante propietario de ese instituto político ante el citado Consejo Municipal, promovió recurso de queja en contra del cómputo, declaración de validez y entrega de constancias detallados en el resultando que antecede y, con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, impugnó las casillas siguientes:

IV. El veintiocho de noviembre de dos mil uno, la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas resolvió el expediente TEE/RQ/098-“A”/2001, en el que se tramitó el recurso de queja precisado en el resultando que antecede. En dicha sentencia, en lo conducente, se sostuvo:

C O N S I D E R A C I O N E S

QUINTA. Casillas impugnadas y causales de nulidad invocadas. El Partido Revolucionario Institucional en su escrito de interposición del recurso, al hacer la exposición de los hechos y agravios solicita la nulidad de la votación recibida en casilla por actualizarse alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, las que se especifican de la siguiente manera:

Así las cosas, por cuestión de método, haremos el estudio de los motivos de inconformidad que hacen valer los recurrentes, agrupándolos de la forma en que los hemos precisado y siguiendo, desde luego, el orden de las causas de nulidad previstas por el multicitado artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y aplicando, en su caso, la suplencia de la deficiencia en la argumentación de los agravios, en términos del artículo 77 de la ley en cita, conforme con los hechos y agravios expuestos en el escrito recursal.

SEXTA. El partido recurrente invoca como causal de nulidad la contemplada en el inciso b) del artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación, referente a que la recepción de la votación se realice por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Electoral, en las siguientes casillas: a) 239 Básica, 239 Contigua “B”, 240 Contigua “A”, 240 Contigua “B”, 241 Básica, 242 Básica, 243 Básica, 243 Contigua “A”, 254 Contigua “A”, 255 Contigua “A”, 260 Básica, 260 Contigua “A”, 260 Contigua “B”, 261 Contigua “A”, 265 Contigua “A”, 266 Contigua “A”, 266 Contigua “B”, 280 Básica, 280 Contigua “A”; en las que manifiesta que el día de la jornada debieron actuar determinados funcionarios, no obstante, violando los artículos 209 y 210 del Código Electoral del Estado, lo hicieron otras personas, y no respetaron las horas señaladas en los artículos citados, violentando los principios rectores de la función electoral. Y b) 242 Contigua B, 253 Básica, 253 Contigua A, 258 Básica, 258 Contigua A y 283 Básica, en las que aduce que hubo falta absoluta de escrutadores.

Por lo que antes de entrar al análisis de los agravios, conviene precisar, en lo que nos competen, el marco normativo en el que se señalan la integración, atribuciones y funciones de la mesa directiva de casilla de sus funcionarios.

Así tenemos que el Código Electoral del Estado, en su capítulo VIII, comprende los artículos del 135 al 141 los cuales preceptúan que:

(Se transcriben)

Asimismo en el Título Décimo Cuarto del mismo Código, en el capítulo I denominado: de la instalación y la apertura se contemplan los artículos 209 y 210 en los cuales se prescribe que:

(Se transcriben)

Una vez que el marco de referencia ha quedado establecido y a fin de estar en posibilidad de determinar si se actualiza la violación alegada, se procede a elaborar un cuadro comparativo que contienen: a) en la primera columna, un número progresivo; b) en la segunda, el número de la sección y tipo de casilla; c) en la tercera columna, el nombre de los funcionarios que aparecen en el encarte publicado para la instalación e integración de las casillas en el distrito electoral en estudio, d) en la cuarta, los nombres de los funcionarios de la mesa directiva de casilla que actuaron el día de los comicios (siete de octubre), y que aparecen anotados en las actas de la jornada electoral), e) en la quinta se anota si los mencionados funcionarios están o no en la lista nominal y/o encarte; y f) en la sexta columna se anotan las observaciones advertidas de la coincidencia o no de las columnas tercera y cuarta.

Así tenemos que, al efectuarse un minucioso estudio de las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, listas nominales y lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, documentos a los que se les concede, pleno valor probatorio en términos de los artículos 19, 21 y 27, párrafo 1, inciso a) de la ley adjetiva de la materia, por tratarse de documentales públicas, se constata lo siguiente:

De los datos consignados en el cuadro comparativo que antecede, se realizan los siguientes apartados:

a) Primer grupo. Formado por las casillas B239 B y la 260 CA en las que hubo corrimiento de funcionarios de mesa directiva de casilla y habilitación de electores. Sin embargo no se acredita la causal de nulidad invocada, toda vez que las casillas se integraron con personas que finalmente estaban facultadas para desempeñar algún cargo de funcionario en las mencionadas casillas, ya que dichos ciudadanos fueron designados por el Consejo Municipal para tal efecto, pues sus nombres aparecen incluidos en la lista de integración de mesas directivas de casilla, sólo que, al no presentarse alguno de los funcionarios que originalmente fuero nombrados para desempeñar los cargos de presidente, secretario y escrutadores, según el caso, estos fueron ocupados por quienes aparecen como suplentes en el listado referido, únicamente recorriéndose en el orden en que estaban seleccionados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis relevante sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en las páginas 85 y 86 del suplente número 2 de la Revista Justicia Electoral, clave de tesis SUP61.3 ELI/98 de rubro y texto siguientes:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTES GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL. CUANDO NO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ”. (Se transcribe)

...

Además, el hecho de que no se siga el procedimiento previsto en el artículo 210 del código electoral antes mencionado, no es motivo suficiente para actualizar la causal que nos ocupa, pues atendiendo a los valores protegidos por los principios rectores tanto del voto como de la materia electoral, es obvio que con las sustituciones realizadas lo que se está privilegiando es la votación, a través de la instalación de la mesa directiva de casilla cuando alguno o algunos de los funcionarios no acudan el día dela jornada electoral. Así, la circunstancia de que la sustitución no se haga en los términos previstos por el artículo en comento resulta irrelevante.

Ahora bien, en estas casillas también se observa que hubo habilitaciones con ciudadanos cuyos nombres no coinciden con los asentados en el encarte respectivo. Sin embargo, al analizar las listas nominales correspondientes, se observa que sus nombres sí se encuentran en ellas, por lo que se cumple la condición necesaria, para que en ausencia de funcionarios de mesas directivas de casilla, las mismas se integren con ciudadanos, esta condición está establecida en el artículo 210 fracción I del código electoral y consiste en que: los ciudadanos estén inscritos en la lista nominal de la sección.

Robustece lo anterior, la tesis relevante aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la página sesenta y siete del suplemento numero uno de la Revista Justicia Electoral, cuyo epígrafe y texto son:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.” (Se transcribe)

...

Así como la tesis de jurisprudencia con clave de publicación S3ELJ16/2000, cuyo rubro se transcribe a continuación:

“PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS. DEBE ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.” (Se transcribe)

...

Tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los párrafos que anteceden, se desestiman los agravios argumentados por el impugnante en las casillas aquí estudiadas.

b) Segundo Grupo. Conformado por las casillas: 239 B, 254 CA, 260 CA, 261 CA, 266 CB, 280 B y 283 B, en las que se observa que, ante la ausencia de alguno o algunos de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, éstas fueron integradas por ciudadanos. Por lo que se procedió al análisis de las listas nominales correspondientes y se observó en todos los casos que los nombres de los ciudadanos sí aparecen en ellas.

En consecuencia, y con apoyo en los criterios jurisprudencial y relevante antes citados, se conserva la votación en las casillas que en este apartado se analizan, porque en los casos sometidos a estudio, los nombres de los ciudadanos habilitados como funcionarios, aparecen en las listas nominales respectivas, por lo que se desestiman los agravios hechos valer.

c) Tercero grupo. Éste lo forman las casillas 239 CB, 240 CA, 240 CB, 235 CA y 266 CA; en las que al comparar los nombres de los ciudadanos que actuaron durante el desarrollo de la jornada electoral como funcionarios de casilla, con los nombres de los ciudadanos previamente insaculados, capacitados y designados por el Consejo Municipal, se advierte que aunque en las casilla 255 CA y 265 CA algunos de los funcionarios coinciden con los originalmente nombrados por el Consejo Municipal; sin embargo, determinados cargos de estas casillas, así como de las 239 CB, 240 CA, 240 CB y 266 CA; fueron desempeñados por personas no designadas previamente por la propia autoridad electoral. En efecto, del análisis de las constancias que obran en autos, específicamente de las pruebas que se relacionaron en párrafos precedentes, este órgano jurisdiccional considera que ante la ausencia de alguno o algunos de los funcionarios designados por el Consejo Municipal, para integrar las mesas directivas, éstas se integraron con personas autorizadas para fungir como funcionarios de casilla de otras casillas de la misma sección.

Es decir, ante la ausencia de alguno o algunos funcionarios previamente designados por la autoridad electoral respectiva, para ocupar los cargos en la mesa directiva de tales casillas, ciudadanos que fueron insaculados, capacitados y designados para actuar en diferentes casillas, desempeñaron determinados cargos en la mesa directiva de las casillas cuya votación se impugna. Sin embargo, dicha circunstancia resulta insuficiente para declarar la nulidad de la votación recibida, si se toma en cuenta que las casillas en las que actuaron aquellos, corresponden a la misma sección de las casillas para las que primigeniamente fueron designados, y al ser esto así, es inconcuso que los referidos ciudadanos se encontraban facultados para desempeñar cualquiera de los cargos dentro de la mesa directiva de las casillas cuestionadas.

Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con clave de publicación S3ELJ16/2000, cuyo rubro es:

“PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.” (Se transcribe)

...

Ahora bien, en las mismas casillas en estudio, salvo la 255 CA, también se observa que existieron sustituciones de funcionarios por electores presentes en esas casillas, pero al hacer el análisis de las listas nominales correspondientes, se observa que se encuentran inscritos en ellas. Por lo que, con base en los razonamientos vertidos en párrafos anteriores, se desestiman los agravios esgrimidos.

Por último, cabe hacer notar que aunque en las actas de escrutinio y cómputo y de instalación y cierre de casilla de la casilla 255 CA, la persona que fungió como primer escrutador tiene escrito el nombre de Genaro Antonio Aguilar Jiménez y arriba se indican como apellidos López Guillén, debemos tomar en cuenta estos últimos apellidos, puesto que se infiere que hubo un error al realizar el llenado de las actas, lo que pudo acontecer dada la similitud del nombre de este funcionario con el de la persona que fungió como presidente. Aunado a esto, en la lista nominal de la Sección 255, el nombre que aparece registrado es el de Genaro Antonio López Guillén y no el de Genaro Antonio Aguilar Jiménez.

Ahora bien, en la casilla 265 Contigua A, se observa que quien aparece con el nombre de Salomé Ledesma Hernández, en realidad se llama Salomé Hernández Ledesma, esto se afirma una vez analizada la lista nominal de esa sección 265, en donde únicamente se encontró registrado ese nombre con tales características. Por lo que, considerando que es el Secretario de la Mesa Directiva de Casilla quien se encarga de asentar los datos correspondientes en las actas de la jornada electoral, y éste tiene a la vez una amplia carga de funciones el día de los comicios, de conformidad con el artículo 140 del código electoral ya mencionado anteriormente, se puede deducir que lo que aconteció fue un error por parte de este funcionario, en el momento de llenar las actas

De los razonamientos vertidos en los párrafos que anteceden, se colige que las sustituciones realizadas en las casillas en estudio, no vulneran el principio de certeza que debe regir en la jornada electoral, por lo que se declaran infundados los motivos de inconformidad expresados al respecto por los recurrentes.

d) Cuarto grupo. Lo conforman las casillas 242 CB, 258 B y 258 CA; en las que del análisis de las actas respectivas, se advierte la constante de haber funcionado sin la asistencia de un escrutador. No obstante, tal circunstancia no actualiza la causal de nulidad materia del presente estudio.

En efecto, los escrutadores de conformidad con el ya mencionado artículo 141 del Código Electoral de Estado de Chiapas, tienen principalmente, las atribuciones siguientes: I. Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores anotados en la lista nominal de electores y II. Contar el número de votos emitidos a favor de cada candidato o fórmula. De lo antes expuesto, se colige que los escrutadores realizan actividades de apoyo las cuales puede realizar uno solo de ellos, por lo que resulta irrelevante que deban actuar los dos escrutadores para que en forma eficaz puedan realizar las funciones legalmente encomendadas. Y en tales condiciones se desestima el agravio esgrimido al respecto.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; inserto en la tesis relevante visible en la página ocho Tomo II, de la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, Primera Edición, Publicado por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial de este Tribunal; de rubro y texto siguientes:

“ESCRUTADORES. LA FALTA DE UNO DE ELLOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL NO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD”. (Se transcribe)

...

Ahora bien, en la casilla 258 CA, se puede observar además, que hubo un corrimiento de funcionarios ya que al no presentarse el secretario originalmente nombrado por el Consejo Municipal, su lugar lo ocupó la persona designada originalmente como tercer suplente; sin embargo esto no provoca la nulidad de la votación recibida en esa casilla toda vez que, como ya se razonó en párrafos anteriores, finalmente la persona estaba facultada para desempeñar algún cargo de funcionario en la mencionada casilla, toda vez que fue previamente designada por el Consejo Municipal para tal efecto, pues su nombre aparece incluido en la lista de integración de mesas directivas de casilla.

e) Quinto grupo. Se integra con las casillas 241B, 242 B, 243 B, 243 CA, 253 B, 253 CA, 260 CB, 280 CA; en las cuales esta Sala considera que sí se actualiza la causal de nulidad invocada por el actor, por las consideraciones que a continuación se exponen:

En las casillas antes mencionadas, se advierte que algunos de los funcionarios que actuaron el día de la jornada electoral, no fueron los previamente designados por el Consejo Municipal correspondiente, y por tanto no aparecieron en el encarte respectivo. Ante tal situación, este órgano jurisdiccional, agotando el principio de exhaustividad, requirió a la autoridad responsable para que enviara las listas nominales de las casillas citadas.

Obteniendo tales documentos, se pudo constatar que ciudadanos que actuación como presidente, secretario, primer o segundo escrutador; no se encuentran inscritos en las listas nominales correspondientes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis relevante sustentado por la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, visible a foja r.1 del apartado relativo a las tesis relevantes de la Sala Superior, Tomo II, de la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, Primera Edición, publicado por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial de ese Tribunal; de rubro y texto siguientes:

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADO NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR)” (Se transcribe)

...

Mención especial merece la casilla 253 CA, la que además funcionó sin los dos escrutadores, motivo suficiente para arribar a la conclusión que la casilla no se integró adecuadamente. Y por ende, se procede a declarar la nulidad de la votación recibida en ella.

La razón expuesta, encuentra sustento además, en la tesis de jurisprudencia consultable a foja e.9 del apartado relativo a la jurisprudencia de la Sala Superior, Tomo I, de la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, Primera Edición, publicado por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial de ese Tribunal; de rubro y texto siguientes:

“ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE.” (Se transcribe)

...

Por las razones expuestas, se vulnera el principio de certeza que rige la jornada electoral, al contrariarse lo dispuesto en la fracción I del numeral 210, del Código Electoral del Estado de Chiapas, quedando acreditados los extremos de la causal de nulidad en estudio, por lo que resultan fundados los agravios vertidos por el recurrente, procediéndose a declarar la nulidad de la votación recibida respecto de las casillas mencionadas en este apartado.

OCTAVA. El recurrente invoca la causal de nulidad señalada en el inciso i) del artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación, respecto de las siguientes casillas: 239 B, 239 CA, 242 B, 247 B, 247 CA, 258 B, 261 Ca, 262 CA, 262 CB, 264 CA, 266 B, 270 Ca, 279 B, 280 B, 282 CA, 287 B, 287 CA, 289 CA; argumentando que en las mismas existen diferencias en los rubros llenados en las actas de escrutinio y cómputo, y que los votos nulos, son más que la diferencia existente entre la primera fuerza y la segunda en cada una de esas casillas.

En esta causal debemos tener presente que la hipótesis normativa requiere de dos elementos para que se pueda configurar su existencia: a) haber mediado dolo o error en la computación de los votos y, b) que esto sea determinante en el resultado de la votación.

Por lo que, se procede al análisis de los argumentos vertidos por el recurrente, de los que se advierte que estos son manifestados en forma genérica pues no precisa a qué y cuáles rubros se refiere, cuando manifiesta que existen diferencias, con las cuales esta Sala, supliendo la deficiencia de la queja, esté en posibilidad de entrar al estudio de la causal.

Las manifestaciones son abstractas y además no se especifica de manera individualizada cuál es el error acontecido en la computación de votos de cada casilla, sino que simplemente se limita a enumerar una serie de circunstancias que en su concepto configuran la causal i) del artículo 57 de la Ley Adjetiva electoral.

En esta tesitura, conviene transcribir el contenido del artículo 47, incisos c) y d) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral que a la letra dicen:

“Además de los requisitos establecidos por el párrafo 1 del artículo 13 de esta ley, el escrito por el cual se promueva el recurso de queja deberá cumplir con los siguientes”: c) La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada en cada caso y la causa que se invoque para cada una de ellas. d) El señalamiento del error aritmético cuando por este motivo se impugnen los resultados consignados en las actas de cómputo municipal, distrital o estatal, según corresponda.”

Como ya se expresó el recurrente es omiso en señalar en las 18 dieciocho casillas que impugna por esta causal, las circunstancias de modo que permitan afirmar las irregularidades (errores en las actas de escrutinio y cómputo) que menciona actualizan la multicitada causal y además son determinantes para el resultado de la votación.

Ahora bien, respecto a la manifestación que hace el impugnante de que: “los votos nulos son más que la diferencia existente entre la primera fuerza y la segunda en cada una de las casillas”, al respecto debemos dejar asentado que escrutinio y cómputo son dos figuras distintas; entendiéndose por computación de votos la suma de los sufragios contenidos en la urna, esto es, el conteo de cada uno de los votos captados; y por escrutinio, la acción de inspeccionar y clasifica cada uno de aquellos votos y en su caso, asignarlo al partido político contendiente y que le corresponda, así como calificar de nulos los que no tengan una manifestación precisa del sufragante.

Así las cosas, si el recurrente manifiesta que la cantidad de votos nulos es superior a la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar, ésta es una cuestión que no puede estudiarse en la presente causal.

En consecuencia, ante la omisión de hechos concretos con relación a esa violación, esta Sala se encuentra imposibilitada para realizar un estudio oficioso de la causal de mérito; en esa tesitura, la simple numeración de las casillas y la causa probable de nulidad, no admite servir de base para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado.

Así las cosas, por las razones expresadas se considera que no acreditaron los hechos constitutivos de la causal de nulidad examinada en las casillas referidas, por lo que deben desestimarse los agravios relativos.

NOVENA. El Partido Revolucionario Institucional invoca la causal contenida en el inciso k) del artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación, consistente en anular la votación recibida en casilla cuando existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en el acta de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para su resultado.

Al respecto debe decirse que para la actualización de tal causal es necesario acreditar que existió irregularidad, entendida como una violación a las normas y procedimientos previstos en la legislación electoral y que la misma debe ser de tal manera grave, que no quede duda de su existencia, a la vez que no pueda ser reparada.

Por otro lado hay que acreditar que se pone en duda la certeza de la votación, que se traduce en la vulneración de las características del voto (universal, libre, secreto y directo) o de los principios rectores de la materia electoral.

Ajo este tenor, se procede al estudio de los agravios hechos valer por el recurrente tanto en las casillas 239 B, 239 CA, 242 B, 247 B, 247 CA, 258 B, 261 BA, 262 CA, 262 CB, 264 CA, 266 B, 270 CA, 279 B, 280 B, 282 CA, 287 B, 287 CA y 289 CA, en las que manifiesta que: “al advertirse errores graves en las actas de escrutinio y cómputo, también se actualizó la citada causal k)”; como al expresar que: “el día del cómputo municipal celebrado el 10 diez de octubre, su representante pidió al Consejo Municipal Electoral que conforme al procedimiento establecido en el artículo 240 del Código Electoral del Estado, en aquellas actas que presentaran algún tipo de irregularidad fuesen abiertos los paquetes; sin embargo, dicho Consejo acordó lo contrario,  violando con ello el contenido del inciso y artículo citados en líneas que anteceden, además de conculcar los intereses legítimos de su partido, violando con ello los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia que rigen la función electoral”.

Lo anterior resulta inoperante, ya que los agravios vertidos por el recurrente, son por demás expresados en forma genérica y abstracta, ya que solicita la nulidad de la votación recibida en las casillas citadas, argumentando irregularidades graves en forma general, pero sin especificar de manera individualizada la hipótesis normativa que debe encuadrar para que opere la nulidad en cada casilla, sino que simplemente se limita repetir lo mencionado en el artículo 57, inciso k) de la Ley Adjetiva Electoral, pero sin especificar en qué consisten las irregularidades graves y como se vinculan a cada casilla, incumpliendo con lo preceptuado por el pluricitado artículo 47, incisos c) y d) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ahora bien, por cuanto al agravio esgrimido por el impugnante consistente en la negativa de la autoridad electoral responsable a acceder a lo solicitado por el quejoso en la sesión de cómputo municipal, tampoco se actualiza la causal de nulidad contemplada en el inciso k) del multicitado artículo 57.

Esto es así, toda vez que los argumentos vertidos por el recurrente son genéricos y por lo mismo, no precisa en qué consisten las irregularidades que justifiquen la necesidad de apertura de los paquetes electorales durante el cómputo municipal y, en este tenor este órgano jurisdiccional no puede hacer el estudio correspondiente y adentrarse al análisis del artículo 240 del Código Electoral del Estado, que prevé los supuestos en que procede la apertura de paquetes electorales; esto a razón de que el impugnante no manifiesta los hechos que se pudieran encuadrar en alguna de las fracciones del artículo antes mencionado.

Al respecto, es orientadora la tesis relevante consultable a foja p. 5 del apartado relativo a las tesis relevantes de la Sala Superior, Tomo II, de la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, Primera Edición, publicado por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial de ese Tribunal; de rubro y texto siguientes:

“PAQUETES ELECTORALES. SOLO PROCEDE SU APERTURA DURANTE LAS SESIONES DE CÓMPUTO EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA).” (Se transcribe)

...

En conclusión, si en el caso sometido a estudio la causal de nulidad conforme a los razonamientos anteriores no se actualiza, menos aún podría considerarse que por la sola amplitud de la causal invocada evidencien que el desarrollo del proceso y de la jornada electoral no cumplió con los principios rectores de certeza, independencia, legalidad  y objetividad que deben imperar en toda elección; esto es, que las irregularidades argumentadas, al no quedar fehacientemente acreditadas, en modo alguno ponen en entredicho la votación en las casillas.

Sirve de criterio orientador al caso concreto, la tesis relevante emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a la letra reza lo siguiente:

“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA DE.” (Se transcribe)

...

Consecuentemente se declaran ineficaces los agravios esgrimidos por el recurrente.

DÉCIMA. El Partido Revolucionario Institucional señala que en las casillas enlistadas en el cuadro plasmado en la consideración quinta, se suscitaron diversas violaciones consideradas como causales de nulidad de la votación recibida en ellas conforme al artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en materia Electoral; asimismo, que dichas violaciones son trascendentes para el resultado de la elección y al actualizarse éstas en más del 20% veinte por ciento de las casillas instaladas, es procedente declarar la nulidad de la elección en el municipio.

Lo anterior resulta inatendible, pues como ha quedado asentado en párrafos precedentes, sólo en las casillas 241 B, 242 B, 243 B, 243 CA, 253 B, 253 CA, 260 B, 260 CB y 280 CA, se acreditó la causal de nulidad invocada, lo que representa el 8.10% ocho punto diez por ciento, del 100% cien por ciento de las casillas instaladas en el Municipio de Comitán, Chiapas; pues en su totalidad se instalaron 111 ciento once casillas. Razón por la cual no se actualiza la causal de nulidad genérica procedente que conlleve a declarar la nulidad de la elección.

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIÓN DEL CÓMPUTO MUNICIPAL. Al acreditarse las causales de nulidad invocadas, únicamente por lo que hace a las casillas 241 B, 242 B, 243 B, 243 CA, 253 B, 253 CA, 260 B, 260 CB y 280 CA, se declara la nulidad de la votación recibida en las mismas, en las que hubo los siguientes resultados:

  TOTAL DE CASILLAS: 111  = 100%

   CASILLAS IMPUGNADAS: 38  = 34.23%

   CASILLAS ANULADAS: 9  = 8.10%

PARTIDO IMPUGNANTE PRI

De lo anterior y dado que el recurso fue el único que se interpuso impugnando los resultados del cómputo municipal para la elección de miembros de ayuntamiento, realizado por el Consejo Municipal Electoral de Comitán, Chiapas, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ha lugar a la modificación del acta de cómputo municipal, para quedar en los términos siguientes:

Del cuadro que antecede se desprende que una vez realizada la recomposición del cómputo municipal, al restarse la votación anulada, no existe variación alguna en la posición de la planilla que obtuvo el primer lugar con la que obtuvo el segundo, por lo que se confirma la declaración de validez de la elección impugnada, así como la expedición de la constancia de mayoría y validez de la elección a la planilla de candidatos a Miembros de ayuntamiento de la Coalición Alianza por Comitán, otorgada por el Presidente del Consejo Electoral Municipal de Comitán, Chiapas.

Por lo expuesto y fundado y, además, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 300, 301, 307 y 315 del Código Electoral del Estado; 50, 52, 69, 70, 71, 74 y 75 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declaran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 241 B, 242 B, 243 B, 243 CA, 253 B, 253 CA, 260 B, 260 CB y 280 CA; correspondientes al Municipio de Comitán, Chiapas, para la elección de miembros de ayuntamiento. En términos de la consideración séptima de esta resolución.

TERCERO. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros de ayuntamiento, para quedar en los términos precisados en la consideración décimo primera de la presente resolución, misma que sustituye al acta de cómputo municipal para los efectos legales correspondientes.

CUARTO. En consecuencia, se confirma el cómputo municipal, la validez de la elección y la expedición de la constancia respectiva otorgada a la planilla de Miembros de Ayuntamiento de la Coalición Alianza por Comitán del Municipio de Comitán, Chipas.

QUINTO. En el caso de que la asignación de regidores por el principio de representación proporcional se vea afectada con la recomposición de cómputo municipal derivado de esta sentencia, remítase copia certificada de la presente, al Consejo General del Instituto Estatal Electoral, para que proceda en términos de los artículos 255 al 259 del Código Electoral del Estado de Chiapas.

V. El dos de diciembre del año en curso, inconforme con la anterior determinación, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto del ciudadano Miguel Ángel Gordillo Argueta, en su calidad de representante propietario de ese partido político ante el Consejo Municipal Electoral de Comitán de Domínguez, Chiapas, promovió juicio de revisión constitucional electoral expresando, a manera de agravios, lo siguiente:

V. AGRAVIOS.-

SON FUENTE DE AGRAVIO, LOS CONSIDERANDOS QUINTO, SEXTO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO-SIN DENOTARSE LA EXISTENCIA DE UN SÉPTIMO, EN EL CUAL PRESUNTAMENTE FUNDAMENTA LA NULIDAD DE LAS CASILLAS- DE LA SENTENCIA DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL UNO, DICTADA  POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECAÍDA A LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE TEE/RQ/098-A/2001, EN MERITO DE LA CARENCIA DE RAZONAMIENTOS LÓGICOS JURÍDICOS QUE CONLLEVEN Y ACREDITEN PLENAMENTE RELACIÓN CON LOS ACTOS, HECHOS Y PROBANZAS, SUSCITADOS EL SIETE DE OCTUBRE, ADUCIDOS Y PRESENTADOS POR MI REPRESENTADA EN EL RECURSO DE QUEJA Y TODAS LAS SITUACIONES JURÍDICAS ABSTRACTAS PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA PARTICULAR DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EN LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO.

LOS RESOLUTIVOS INCONCORDANTES CON LOS CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL RESPONSABLE, RESULTAN CONTRARIOS AL DERECHO ELECTORAL Y SUS PRINCIPIOS RECTORES, LO CUAL CONLLEVA A UNA INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS AGRAVIOS CAUSADOS A MI REPRESENTADA DE MODO IRREPARABLE, MÁXIME SI SE ACEPTA LO QUE LA PROPIA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASIENTA EN EL CONSIDERANDO SEXTO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO, Y DÉCIMO PRIMERO RAZONES DE CARÁCTER SUBJETIVO, LOS CUALES CON RELACIÓN AL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR MI REPRESENTADO Y POR EL CUAL SE ESTABLECEN FEHACIENTEMENTE UNA SERIE DE IRREGULARIDADES QUE CONLLEVAN A VULNERAR Y VIOLENTAR EN PERJUICIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 14, 16, 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL COMO LO SON LOS DE LEGALIDAD, CERTEZA, OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA, MISMOS QUE SON VIOLENTADOS SIN FUNDAMENTO LEGAL, NI MOTIVACIÓN QUE CONLLEVA A UNA LESIÓN DE LOS INTERESES DEL INSTITUTO POLÍTICO QUE REPRESENTO, COMO SE ADVIERTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS IDÓNEOS EN EL PRESENTE JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTES A SABER:

EL TRIBUNAL RESPONSABLE OMITIÓ VALORAR DE MANERA SISTEMÁTICA EL RECURSO DE QUEJA SOBRE EL CUAL RECAYÓ LA RESOLUCIÓN QUE HOY SE COMBATE, Y DERIVADO DE QUE EN FUNCIÓN DE LO MÁS CONVENIENTE PARA LLEGAR A UN CERCIORAMIENTO REAL  DE LOS ACONTECIMIENTOS SE ENCUENTRA EN EL ESTUDIO QUE DE LOS MISMOS SE HAGA, ES DE CONSIDERARSE QUE EN LA FORMA QUE SE REALIZÓ ÉSTE, NO PERMITIÓ LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN CONCORDANCIA CON LA PRETENSIÓN REALIZADA Y FRACCIONÓ EL ESTUDIO EN FORMA AISLADA QUE CONLLEVA A LA INAPLICABILIDAD DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES HECHOS VALER.

EL TRIBUNAL ELECTORAL RESPONSABLE INATENDIÓ EL PRINCIPIO DE ATENDIBILIDAD IMPARCIAL, CONFORME AL CUAL LOS JUZGADORES NO PUEDEN DEJAR DE PRONUNCIARSE SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS OBJETO DEL MEDIO IMPUGNATIVO INTERPUESTO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE HUBIERE DECRETADO EL SOBRESEIMIENTO O EL DESECHAMIENTO DE PLANO, ÉSTE PRINCIPIO, NO PUEDE DESVINCULARSE Y DEBE APLICARSE ARMÓNICAMENTE CON EL PRINCIPIO, DE ECONOMÍA PROCESAL, Y LA CONSIDERACIÓN DE CADA CUESTIÓN, COMO LO DEBE SER EN LA ESPECIE, TIENE QUE SER DE FORMA EXPRESA, SITUACIÓN QUE NO REALIZA EN MOMENTO ALGUNO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, YA QUE RESUELVE EN IMPLICANCIA, SIN EXISTIR CUESTIÓN PREVIA QUE RESULTARÁ ESENCIAL Y FUESE RESUELTA, NO JUSTIFICANDO LA RAZÓN DE NO REALIZAR EL ESTUDIO QUE RESULTABA NECESARIO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS AGRAVIOS QUE FUERON PLANTEADOS, LO CUAL EN INCONCUSO QUE FUE DESATENDIDO Y DESESTIMADO TODAS Y CADA UNA DE LAS PRETENSIONES, AFECTANDO EL INTERÉS JURÍDICO DE MI REPRESENTADO.

DE HABER VALORADO TODOS Y CADA UNA DE LOS MEDIOS IDÓNEOS PARA LLEGAR A UNA CONCLUSIÓN QUE PERMITIESE EMITIR UNA DECISIÓN, EL PRONUNCIAMIENTO RECAERÍA EN LA NULIDAD DE LAS 38 CASILLAS QUE FUERON IMPUGNADAS DERIVADO DE LA IRREGULARIDAD MANIFIESTA QUE CONCULCA LO PRECEPTUADO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE ORDENA QUE LAS SENTENCIAS DEBEN SER CONFORME A LA LETRA DE LA LEY, YA QUE LO CONTRARIO LLEVA AL JUZGADOR A DESEMPEÑAR EL PAPEL DE LEGISLADOR Y EL ORDENAMIENTO SUPREMO CITADO, PERFECTAMENTE ESTATUYE QUE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL LO SON, ENTRE OTROS, LA CERTEZA, EL CUAL EXIGE QUE TODOS LOS ACTOS ELECTORALES GOCEN DE CABAL CERTEZA JURÍDICA, SITUACIÓN QUE RECHAZA CUALQUIER INEXACTITUD DE LOS ACTOS ELECTORALES Y COMO LA MISMA AUTORIDAD DETERMINA EN EL CONSIDERANDO SEXTO, ESTAS CASILLAS SE ENCUENTRAN AFECTADAS EN CUANTO A SU INTEGRACIÓN, SITUACIÓN QUE ES EVIDENTE DEL PROPIO EJERCICIO QUE REALIZA LA AUTORIDAD Y QUE SE CONSTATA CON LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS QUE SE REALIZA EN EL RECURSO DE QUEJA, EN EL APARTADO DOS, MISMO QUE SI SE ADMINICULA CON LAS ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL, RELATIVAS A LA INSTALACIÓN Y CIERRE DE CASILLAS Y DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, LAS CUALES SON DOCUMENTALES PÚBLICAS, SE ESTABLECE LA FLAGRANTE CONCULCACIÓN A LOS MAS ELEVADOS PRECEPTOS QUE RIGEN EN NUESTRO ESTADO DE DERECHO, EJERCICIOS QUE DE REALIZARLOS EL TRIBUNAL RESPONSABLE PREVIAMENTE, CONLLEVARÍA A OTRAS RAZONES PARA FORMULAR EL SENTIDO Y LA ORIENTACIÓN DE LA SENTENCIA EN SENTIDO POSITIVO AL MEDIO IMPUGNATIVO INTERPUESTO. SIN EMBARGO EXCLUYÓ VALORAR EN CONJUNTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS Y HECHOS REALIZADOS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL PARA MÍNIMAMENTE PODER RESOLVER CON ARGUMENTOS Y CONSIDERACIONES CON PLENA EFICACIA JURÍDICA.

EL TRIBUNAL RESPONSABLE, FUE OMISO EN ACATAR EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, AL ADOLECER LA MISMA, DE IDENTIDAD ENTRE LO RESUELTO Y LO CONTROVERTIDO, ESTO SE CONSTATA DE UNA LECTURA DE LA RESOLUCIÓN EMANADA DEL EXPEDIENTE TEE/RQ/098-A/2001, PUESTO QUE NO SE DICTÓ EN CONCORDANCIA CON EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO Y LOS AGRAVIOS HECHOS VALER, EN RELACIÓN CON LOS RAZONAMIENTOS QUE SE PONEN EN EL CUERPO DEL DOCUMENTO PRECITADO LOS CUALES CONTIENEN AFIRMACIONES CONTRAPUESTAS ENTRE SI, SITUACIÓN QUE SE DEMUESTRA DE LA SIMPLE EXPRESIÓN QUE SE REALIZA POR PARTE DE MI REPRESENTADA Y LA FALTA DE ARGUMENTACIONES JURÍDICAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, QUIEN EXCLUSIVAMENTE SE LIMITA A REALIZAR EN APARTADOS POR GRUPOS VALORACIONES DE CARÁCTER SUBJETIVO QUE EN MOMENTO ALGUNO DESVIRTÚAN LA PRETENSIÓN REALIZADA EN EL RECURSO INTERPUESTO.

ASIMISMO, ES DE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN QUE CUALQUIER TRIBUNAL ELECTORAL QUE CONOZCA DE UN JUICIO O MEDIO IMPUGNATIVO, TIENE LA OBLIGACIÓN DE EXAMINAR TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS CONTENIDOS EN LAS DEMANDAS QUE EJERCITAN LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL Y EMITIR UNA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE EXPRESEN LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS POR LOS QUE, EN SU CASO, SE ESTIMA O DESESTIMA LA ACTUALIZACIÓN RESPECTIVA DE LAS NULIDADES QUE SE HACEN VALER, LO CUAL CONLLEVA A VALORAR TANTO LOS ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE SE PRETENDEN ACREDITAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE ACTUALIZAN LAS NULIDADES, COMO LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y LOS AGRAVIOS MANIFESTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS RECURRENTES, PUES DE LO CONTRARIO, NO SE ACATARÍA UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES QUE AL TENOR DE LA INTERPRETACIÓN CONJUNTA DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 14, PÁRRAFO SEGUNDO, 99 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE RIGEN LOS PROCESOS ELECTORALES EN LA REPÚBLICA MEXICANA.

A MAYOR ABUNDAMIENTO, ES DE EXPLORADO DERECHO QUE LAS AUTORIDADES TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES ESTÁN OBLIGADAS A ESTUDIAR COMPLETAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS INTEGRANTES DE LAS CUESTIONES O PRETENSIONES SOMETIDAS A SU CONOCIMIENTO Y NO ÚNICAMENTE A UN ASPECTO CONCRETO, POR MÁS QUE LO CONSIDEREN SUFICIENTE PARA SUSTENTAR UNA DECISIÓN QUE HAGA VIGENTE EL ESTADO DE CERTEZA JURÍDICA, SITUACIÓN QUE EL TRIBUNAL RESPONSABLE, EN EL PRESENTE CASO INATENDIÓ, CONCULCANDO PRINCIPIOS DE ORDEN SUPERIOR CONSAGRADOS EN LA NORMA FUNDAMENTAL.

NO ES ÓBICE EL SEÑALAR QUE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, HA ESTABLECIDO JURISPRUDENCIA DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE INOBSERVÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE, LA CUAL PRECEPTÚA EN SU RUBRO Y CONTENIDO QUE:

“EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE”. (Se transcribe)

DE IGUAL FORMA, RESULTA INATENDIDA POR LA RESPONSABLE LA JURISPRUDENCIA QUE DETERMINA EN SU RUBRO Y CONTENIDO QUE:

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA JURISDICCIÓN ELECTORAL.- (Se transcribe)

CABE PRECISAR QUE DE LA RESOLUCIÓN QUE SE COMBATE, DICTADA POR EL TRIBUNAL RESPONSABLE EN EL EXPEDIENTE TEE/RQ/098-A/2001, MISMO QUE SE INTEGRA POR EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DE ACTOS QUE VIOLENTAN Y VULNERAN EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, INTERPUESTO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, NO SE DEDUCE UN PROCESO LÓGICO DE FORMACIÓN PARA PODER DICTAR SENTENCIA, YA QUE ESTAS, LAS SENTENCIAS, SE CONFORMAN POR ARGUMENTOS Y RAZONAMIENTOS LÓGICOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAN LA DECISIÓN PREVIA, ES DECIR, PONER POR ESCRITO LOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA DECISIÓN TOMADA, Y DEL CONJUNTO DE CONCEPTOS Y DE PROPOSICIONES QUE APARECEN EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA; EN PARTICULAR, DE LOS MARCADOS COMO QUINTO, SEXTO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, NO SE DESPRENDEN O ENCUENTRAN ARGUMENTOS LÓGICOS O DE PROPOSICIONES NORMATIVAS INDUBITADAS POR EL CUAL LOS RAZONAMIENTOS HUBIESEN SEGUIDO LAS LEYES DE INFERENCIA DE UNA LÓGICA ESTRICTA, ES DECIR, DE UNA REAL DEDUCCIÓN, BIEN SEA POR SILOGISMOS O POR INDUCCIÓN, ENTRE OTROS, DESPRENDIÉNDOSE EN EL SENTIDO, DE QUE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL RESPONSABLE EN MOMENTO ALGUNO ESTABLECE UN RAZONAMIENTO QUE SE FUNDE SOBRE PRINCIPIOS CIERTOS Y QUE HUBIERA PERMITIDO CONDUCIRSE A  CONCLUSIONES CIERTAS, YA QUE LA DEMOSTRACIÓN QUE PRETENDE REALIZAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN MOMENTO ALGUNO DETERMINA LA VERACIDAD O LA FALSEDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS QUE SE HICIERON VALER QUE DE UNA VERDADERA EVIDENCIA DE LA CONFORMIDAD O CONTRADICCIÓN DE SUS ARGUMENTOS CON LOS DEL RECURSO DE QUEJA HECHO VALER.

ES DE SENTARSE QUE LA REFERENCIA A LA “LEY” O A LAS “LEYES” EN NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, SE INTERPRETA EN CUANTO A  SU SENTIDO Y ALCANCE, CONFORME A  CADA SUPUESTO CONCRETO Y, EN LA MATERIA EN LA QUE SE ACTÚA, DEBE TOMARSE EN CUENTA  QUE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y EL DE LOS DERECHOS SOCIALES SE HAYA SUPEDITADO EN MAYOR GRADO A UNA REGLAMENTACIÓN POR LEY, SITUACIÓN QUE HA DETERMINADO EN ESTE SENTIDO QUE ES INCONSTITUCIONAL UNA LEY O UNA RESOLUCIÓN EMANADA DE ÉSTA QUE ANULE POR COMPLETO UN DERECHO HACIENDO IMPOSIBLE SU EJERCICIO, POR LO TANTO, AL SER LA LEGISLACIÓN ELECTORAL DE ORDEN PÚBLICO, SE DEBE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ARMÓNICO Y NORMAL DE LAS NORMAS E INSTITUCIONES SOBRE LA BASE DE UN SISTEMA COHERENTE DE VALORES Y  PRINCIPIOS, EL CUAL NO PUEDE INVOCARSE PARA SUPRIMIR UN DERECHO GARANTIZADO POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA PARTICULAR DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO LAS NORMAS QUE DE ESTAS EMANAN, COMO EN EL CASO CONCRETO LO SON EL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LA LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, LEGISLACIONES SECUNDARIAS QUE GOZAN DE PRIMACÍA CONSTITUCIONAL LAS CUALES SE DEBEN INTERPRETAR A LA LUZ DE LAS JUSTAS EXIGENCIAS DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, CON LA FINALIDAD DE DOTAR DE CERTEZA, LEGALIDAD, Y OBJETIVIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS QUE SE DESARROLLAN EN CUALQUIER PROCESO.

ES DE DESTACARSE QUE DENTRO DE NUESTRO SISTEMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL, NO BASTA QUE LA AUTORIDAD ELECTORAL TENGA ATRIBUCIONES PARA DICTAR ALGUNA DETERMINACIÓN PARA QUE ESTA SE CONSIDERE LEGAL E IMPERIOSAMENTE OBEDECIBLE YA QUE DE CONFORMIDAD A LO QUE  ORDENAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE OÍR A  LOS POSIBLES AFECTADOS Y QUE AL PRONUNCIARSE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA RESOLUCIÓN O SENTENCIA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE OMITE MENCIONAR QUE LA RESOLUCIÓN QUE SE COMBATE DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN Y VÍCTIMA DE LA INSEGURIDAD JURÍDICA A MI REPRESENTADO, YA QUE COMO SE DESPRENDE DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO, DETERMINÁNDOSE QUE POR FUNDAMENTACIÓN, DEBE ENTENDERSE LA CITA PRECISA DEL PRECEPTO LEGAL APLICABLE AL CASO; AHORA BIEN, ESTO ÚLTIMO SE REFIERE NO SÓLO AL ARTÍCULO EXACTO, SINO TAMBIÉN A  LA LEY O REGLAMENTO PARTICULARMENTE APLICABLE, DE MODO QUE EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE INVOCAN DETERMINADOS ARTÍCULOS, Y VARIAS LEYES O REGLAMENTOS, EXPLICÁNDOSE QUE AQUELLOS PERTENECEN A  UNO O A OTRO ES DECIR, A CUALQUIERA DE LOS ORDENAMIENTOS REFERIDOS, EN TAL CASO NO PUEDE CONSIDERARSE QUE ESE ACTO SATISFAGA EL REQUISITO CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTACIÓN, YA QUE NO CORRESPONDE A LOS GOBERNADOS, NI A LAS ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO EL RELACIONAR SU CONDUCTA A LAS DIVERSAS HIPÓTESIS LEGALES EN QUE PUDIERA ENCUADRAR, DE LAS VARIAS LEYES O REGLAMENTOS QUE SE INVOCARON COMO FUNDAMENTO DEL ACTO DE AUTORIDAD, PARA CON ELLO AVERIGUAR CUÁL ES LA DISPOSICIÓN Y LEY O REGLAMENTO EXACTO QUE ENMARCA SU CASO, Y POR EL CONTRARIO, ES DICHA AUTORIDAD LA QUE ESTÁ CONSTREÑIDA A HACERLO.

LA MOTIVACIÓN PRECISA ES EL REALIZAR SEÑALAMIENTOS Y LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, RAZONES PARTICULARES O CAUSAS INMEDIATAS QUE SE HAYAN TENIDO EN CONSIDERACIÓN PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN; Y CUANDO ESTO NO ACONTECE, COMO LO ES EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEE/RE/098-A/2001, AL NO EXISTIR ADECUACIÓN ENTRE LOS MOTIVOS ADUCIDOS Y LAS NORMAS APLICABLES, SE CONSIDERA QUE EN NINGUNA PARTE DE LA SENTENCIA QUEDARON EVIDENCIADAS LAS CIRCUNSTANCIAS INVOCADAS COMO MOTIVO PARA LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA QUE PUDIESE ENCUADRAR EN LA NORMA INVOCADA COMO SUSTENTO PARA PROCEDER LA AUTORIDAD A DICTAR SENTENCIA; ES POR ESTO QUE EL TRIBUNAL RESPONSABLE, OMITE OBSERVAR QUE EN ESTA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS, LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SE RESPETE DE LA MANERA DESCRITA, PUESTO QUE LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL PROVOCA, QUE LA SIMPLE MOLESTIA QUE PUEDA PRODUCIR UNA AUTORIDAD A LOS TITULARES DE ESTOS DERECHOS DEBE ESTAR APOYADA CLARA Y FEHACIENTEMENTE EN LA LEY, SITUACIÓN DE LA CUAL DEBE TENER PLENO CONOCIMIENTO EL SUJETO AFECTADO, INCLUSO PARA QUE, SI A SU INTERÉS CONVIENE, ESTÉ EN CONDICIONES DE REALIZAR LA IMPUGNACIÓN MÁS ADECUADA, PARA LIBRARSE DE ESE ACTO DE MOLESTIA. LA HOY RESPONSABLE INOBSERVO AL DICTAR SU SENTENCIA LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ASPECTOS INSOSLAYABLES EN LA CONDUCTA DEL JUZGADOR; AL NO GARANTIZAN LA APLICACIÓN DE LA LEY EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO SEGUIDO, AL OMITIR SEÑALAR CON PRECISIÓN, LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, RAZONES PARTICULARES O CAUSAS INMEDIATAS QUE SE HAYAN TENIDO EN CONSIDERACIÓN PARA LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA SIN VALORAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRABAN EL EXPEDIENTE DE MERITO, RAZÓN POR LA CUAL, NO SE PUEDE CONSIDERAR QUE SE SATISFACE EL ALCANCE LEGAL DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, YA QUE ESTOS ELEMENTOS SE SATISFACEN CUANDO, DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL, SE EXPRESAN LAS NORMAS LEGALES APLICABLES, Y LOS RAZONAMIENTOS LÓGICOS JURÍDICOS, CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y HECHOS QUE HACEN QUE EL CASO ENCAJE EN LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS, MOTIVO POR EL CUAL REALIZA UNA MOTIVACIÓN IMPRECISA QUE CONCULCA LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA MATERIA DE LEGALIDAD Y DE CERTEZA, ASÍ COMO AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD JURÍDICA.

EN MÉRITO DE LO RAZONADO EL NO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES PLASMADAS EN LAS NORMAS JURÍDICAS YA REFERIDAS, RESULTA EN UNA AFECTACIÓN DIRECTA DE LA ESFERA  DE DERECHOS QUE VULNERA EL RÉGIMEN JURÍDICO Y LA ESTRICTA APLICACIÓN DE LA NORMA EN CONTRA DE MI REPRESENTADO, Y LA SENTENCIA QUE SE COMBATE, LA CUAL COMO ACTO DE SOBERANÍA  DEL ESTADO, EN CUYA FORMACIÓN SÓLO INTERVIENE EL PODER PÚBLICO A TRAVÉS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE CREA O CONDICIONA UNA SITUACIÓN JURÍDICA CON CARÁCTER IMPERATIVO, AL CREARSE UNA SITUACIÓN JURÍDICA DETERMINADA, POR ENDE, TAMBIÉN SE CREAN DERECHOS DERIVADOS DE ELLA, SIENDO PROCEDENTE ASENTAR QUE COMO AUTORIDAD ELECTORAL JURISDICCIONAL, NO ES FACTIBLE EL APARTARSE DE LO ESTATUIDO POR LAS NORMAS CONLLEVANDO A PRIVAR DE SUS DERECHOS  A MI INSTITUTO POLÍTICO, VIOLENTADO PRECEPTOS DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL, YA QUE DE UNA ANÁLISIS DETENIDO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PARA DETERMINAR SU JUSTO ALCANCE, ES MENESTER LLEGAR A LA CONCLUSIÓN DE QUE SI HA DE TENER VERDADERA EFICACIA, DEBE CONSTITUIR  UN DERECHO DE LOS PARTICULARES Y DE LAS ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO FRENTE A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES ELECTORALES, LAS QUE EN TODO CASO DEBEN AJUSTAR SUS ACTOS A LAS LEYES APLICABLES Y, CUANDO ÉSTAS DETERMINEN EN TÉRMINOS CONCRETOS LA POSIBILIDAD DE QUE EL PARTICULAR O LA ENTIDAD DE INTERÉS PÚBLICO INTERVENGA A EFECTO DE REALIZAR UN ACTO JURÍDICO O HACER LA DEFENSA DE SUS DERECHOS, CONCEDER LA OPORTUNIDAD PARA HACER ESA DEFENSA, CUMPLIENDO EL EXPRESO MANDATO CONSTITUCIONAL, A  CONSIGNAR EN SUS LEYES LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA QUE SE OIGA A LOS INTERESADOS Y SE LES DÉ OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE, EN TODOS AQUELLOS CASOS EN QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS SUS DERECHOS. DE OTRO MODO, DE ADMITIRSE QUE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA RIGE EN EL PRESENTE ASUNTO, CONLLEVARÍA A LA OMNIPOTENCIA Y SE DEJARÍA A LOS ENTES DE INTERÉS PÚBLICO A SU ARBITRIO, LO QUE EVIDENTEMENTE QUEBRANTARÍA EL PRINCIPIO DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, Y SERÍA CONTRARIO A LA INTENCIÓN DEL CONSTITUYENTE, QUE EXPRESAMENTE LIMITÓ, POR MEDIO DE ESA GARANTÍA, LA ACTIVIDAD DEL ESTADO, EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS ES DE SEÑALARSE QUE LOS ACTOS DE CUALQUIER AUTORIDAD DEBEN DE CONDUCIRSE IRRESTRICTAMENTE EN ACATAMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECEPTOS JURÍDICOS QUE RIGEN SU FUNCIÓN, YA QUE CUALQUIER ÓRGANO DE AUTORIDAD SE ENCUENTRA SUJETO AL ORDEN JURÍDICO, QUE ES LA ÚNICA GARANTÍA DE LA VIDA SOCIAL, POR LO QUE EL PODER QUE ELLOS SE DERIVA, DEBE MANIFESTARSE CONFORME A REGLAS FIJAS Y NO MEDIANTE RESOLUCIONES INTERPRETATIVAS, QUE NO APLICAN EL PRINCIPIO EN MENCIÓN Y, QUE VULNERA A MI REPRESENTADO, AL HACER NUGATORIA EL ACCESO A LA JUSTICIA.

POR LO CUAL, ES DE APRECIARSE DE LAS JURISPRUDENCIAS CON ANTELACIÓN REFERENCIADAS, Y LOS CONCEPTOS DE AGRAVIOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS ES DE CONCLUIRSE QUE EN MOMENTO ALGUNO SE LO PROHÍBE AL JUZGADOR QUE AHONDE EN LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LOS AGRAVIOS, PUDIENDO VARIAR LOS RAZONAMIENTOS Y AMPLIAR LOS FUNDAMENTOS LEGALES Y LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES, SIN NECESIDAD DE SUJETARSE A LO PLANTEADO ORIGINALMENTE, BASTA QUE DEL AGRAVIO O MOTIVO DE INCONFORMIDAD SE ADVIERTA CUAL ES LA CONSIDERACIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA O RECLAMADA QUE SE COMBATE Y EL MOTIVO POR EL CUAL SE ESTIMA QUE ÉSTE NO ES JURÍDICAMENTE ADMISIBLE, NI CORRECTO PARA QUE SE CONSIDERE QUE EL AGRAVIO ESTA BIEN EXPRESADO, CONLLEVANDO A QUE SE ESTABLEZCA UNA ADECUADA MOTIVACIÓN, SITUACIÓN QUE LA ESPECIE NO ACONTECIÓ, COMO SE DESPRENDE DE LOS CONSIDERANDOS OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO, MISMOS QUE DEJAN A MI REPRESENTADO EN UN ESTADO DE INDEFENSIÓN Y QUE CONCULCAN LO ESTATUIDO EN LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL Y ORDEN PÚBLICO RECTORAS DE LA MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL.

ES DE CONCLUIRSE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA ADOLECE DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, YA QUE EL TRIBUNAL RESPONSABLE NO PRECISÓ LAS RAZONES Y LOS MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERÓ QUE ESTABA EXHAUSTIVAMENTE ESTUDIADO EL ASUNTO DE MERITO, SITUACIÓN QUE SE EVIDENCIA, YA QUE LO QUE RESULTA VISIBLE DEL CUADRO COMPARATIVO EN EL CUAL MOTIVA LAS RAZONES QUE ARGUMENTAN, EN LOS SUPUESTOS GRUPOS DE ESTUDIO, EXCLUSIVAMENTE DEMUESTRAN UNA CONSTANTE QUE CONSTITUYE UNA IRREGULARIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA QUE EJERCIERON CON CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONARIOS ELECTORALES EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS Y, LO CUAL ES CONCULCATORIO ENTRE OTROS, DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y CERTEZA.

CABE PRECISAR QUE EL TRIBUNAL RESPONSABLE NO SUPLIÓ LA DEFICIENCIA EN AL EXPRESIÓN DE AGRAVIOS, PUES LO ALEGADO POR EL PARTIDO QUE REPRESENTO, RECURRENTE EN EL RECURSO DE QUEJA SE ORIENTÓ A SEÑALAR LA EXISTENCIA DE UNA SERIE DE IRREGULARIDADES QUE AFECTARON LA JORNADA ELECTORAL Y EN CONSECUENCIA EL PROCESO ELECTORAL, SITUACIÓN QUE SE DENOTA DE LOS CONSIDERANDOS OCTAVO Y NOVENO EN LOS CUALES SE DESPRENDE QUE ADUCE UNA GENERALIDAD Y EN MOMENTO ALGUNO DETERMINA QUE ESTAS CASILLAS ENCUENTRAN FUNDAMENTO EN SU IRREGULARIDAD EN EL CONSIDERANDO SEXTO, LO QUE CONLLEVA A DEDUCIR QUE EL ESTUDIO PLANTEADO EN EL CONSIDERANDO QUINTO, NO VERSO MAS ALLÁ DE LO QUE EL JUZGADOR DETERMINO COMO MATERIA DE ESTUDIO, ESTA CARENCIA DE EXHAUSTIVIDAD Y DE CONGRUENCIA PERMITEN DETERMINAR QUE ESTAS IRREGULARIDADES SI AFECTAN EL PROCESO ELECTORAL.

CON RELACIÓN AL CONSIDERANDO QUINTO DE LA SENTENCIA QUE SE COMBATE, ES DE EXPRESARSE QUE EL TRIBUNAL RESPONSABLE DE HABER REALIZADO UN ESTUDIO METÓDICO Y SISTEMÁTICO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DOCUMENTALES GENERADAS DURANTE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN COMO LO ES LOS PROPIOS ENCARTES PUBLICADOS POR LOS CUALES SE DETERMINO LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN CORRELACIÓN CON LAS ACTAS DE INSTALACIÓN Y CIERRE DE LA CASILLA, DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO FINAL, HOJAS DE INCIDENTES, CONLLEVARÍA A DEMOSTRAR QUE EN LAS CASILLAS 239B, 239CA, 239CB, 240CA, 240CB, 241B, 242B, 242CB, 243B, 243CA, 247B, 247CA, 253B, 253CA, 254CA, 255CA, 258B, 258CA, 260B, 260CA, 260CB, 261CA, 262CA, 262CB, 264CA, 265CA, 266B, 266CA, 266CB, 270CA, 279B, 280B, 280CA, 282CA, 283B, 287B, 287CA, 289CA, SE ACTUALIZAN CAUSALES DE NULIDAD, QUE EL JUZGADOR INOBSERVO, ESTO SE DESPRENDE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES QUE REALIZA EN LA SEXTA COLUMNA DEL CUADRO COMPARATIVO INSERTO EN EL CONSIDERANDO SEXTO, POR EL CUAL SE OBSERVA QUE EN ESTAS  NO COINCIDEN EN NINGÚN CASO, LOS FUNCIONARIOS DETERMINADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, CON LOS CIUDADANOS QUE SE IMPONEN EN LAS ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL, SITUACIÓN QUE NO ES OBSERVADA POR LA AUTORIDAD, SIN EMBARGO LA CONVALIDA TRANSGREDIENDO EXPRESAMENTE LA LEY; ASIMISMO, ES OMISO Y DESESTIMA EN EL CONSIDERANDO OCTAVO QUE EN DIVERSAS CASILLAS SE CONFIGURO UN ERROR O DOLO QUE CONLLEVA A UN BENEFICIO, YA QUE EL ERROR, NO ES OTRA COSA, MAS QUE LA FALSA APRECIACIÓN DE LA REALIDAD Y TRASLADO AL ÁMBITO JURÍDICO ELECTORAL, ES CONSIDERADO COMO CAUSA SUFICIENTE DE NULIDAD DEL ACTO, YA QUE SE ACTUALIZA DIRECTAMENTE CON LOS CIUDADANOS QUIENES AL NO SER CONSIDERADOS EN SU DERECHO AL VOTO ACTIVO O SER INDEBIDAMENTE CONTABILIZADOS CONCULCA SU ESFERA JURÍDICA Y SU LIBRE DECISIÓN SOBERANA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PODER PÚBLICO; A SU VEZ, Y HACIENDO VALER LA SUPUESTA FALTA DE ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN EL CONSIDERANDO NOVENO, EL TRIBUNAL RESPONSABLE YA NO DESESTIMA, SINO QUE DETERMINA QUE LOS MISMOS SON INOPERANTES, SITUACIÓN QUE SE CONFIGURA AL HABERSE REALIZADO DURANTE LA JORNADA ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, INSTALACIONES DE CASILLAS CON PERSONAS NO AUTORIZADAS, NI CAPACITADAS O TOMADAS DE LA FILA POR ALGUNA AUTORIDAD COMO LO PODRÍA SER EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O EN SU CASO POR LOS REPRESENTANTES ACREDITADOS ANTE ESTAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EN SU DEFECTO POR LOSE SERVIDORES PÚBLICOS QUE COADYUVARON CON LOS ORGANISMOS ELECTORALES, EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL, SITUACIÓN QUE ADEMÁS SE PONE DE MANIFIESTO, AL NO SER REPORTADA DURANTE EL PASADO SIETE DE OCTUBRE A NINGUNA AUTORIDAD ELECTORAL, YA QUE COMO SE DESPRENDE DE LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADA  DE LA JORNADA ELECTORAL LEVANTADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ E INCLUSO DEL PROPIO CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, SE INFORMÓ DE DICHAS IRREGULARIDADES QUE HUBIESEN PERMITIDO TOMAR ACUERDOS CON MEDIDAS CONDUCENTES PARA PRIVILEGIAR LAS VOTACIONES OBTENIDAS.

CON RELACIÓN AL CONSIDERANDO SEXTO DE LA SENTENCIA QUE SE RECURRE PERFECTAMENTE SE DENOTA, QUE EN LAS CASILLAS 239B, 239BC, 240CA, 240CB, 242CB, 254CA, 255CA, 258B, 258CA, 260CA, 261CA, 265CA, 266CA, 266CB, 280B, 283B, 241B, 242B, 243B, 243CA, 253B, 253CA, 260B, 260CB, 280CA, EXISTIERON GRAVES IRREGULARIDADES EN CUANTO A LA CONFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS MISMAS, LAS CUALES EN LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL, FUERON CONFORMADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LA AUTORIDAD ELECTORAL, SIGUIENDO LA PUBLICACIÓN DEL ENCARTE QUE DETERMINO A LOS CIUDADANOS QUE SIENDO CAPACITADOS INTEGRARAN LAS MISMAS, SIN EMBARGO, COMO SE DESPRENDE DEL “CUADRO COMPARATIVO”, SE ESTABLECE QUE LAS MISMAS NO FUERON CONFORMADAS POR ESTOS CIUDADANOS, ASIMISMO DE LAS CONSTANCIAS DOCUMENTALES PÚBLICAS CON VALOR PROBATORIO PLENO, SE ACREDITA QUE LAS MISMA NO FUERON ESTABLECIDAS BAJO EL ORDEN DE PRELACIÓN QUE DISPONE EL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, A SU VEZ, RESULTA FRÍVOLO LO QUE ASIENTA EL TRIBUNAL RESPONSABLE, YA QUE SON DUDOSAS LAS ASEVERACIONES QUE REALIZA EN LA COLUMNA DENOMINADA “OBSERVACIONES”, EN LA CUAL NO SE ACREDITA LA FORMA EN LA QUE ESTAS SE CONSTITUYERON, SI ESTAS FUERON INTEGRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA, O BIEN POR EL MUTUO CONSENTIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES ACREDITADOS ANTE LAS MISMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, O BIEN SI EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES GIRADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA COADYUVAR DURANTE EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL A LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES  ELECTORALES Y A LOS CUALES LES COMPETIÓ UNA RUTA PREESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN DEPENDIENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL.

ASIMISMO, SE DENOTA SIN AMBIGÜEDADES QUE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS INSTALACIONES, EL NOMBRAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS NO RECAYÓ SOBRE LOS ELECTORES QUE SE ENCONTRABAN FORMADOS EN LAS CASILLAS CON LA FINALIDAD DE EMITIR SUS VOTOS.

LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE ACREDITA EN LAS RAZONES ASENTADAS EN LAS ACTAS DE INCIDENTES QUE PARA ESTOS EFECTOS SE DISPONEN EN EL PAQUETE ELECTORAL, LOS CUALES DEBEN SER LLENADOS POR EL SECRETARIO DE ÉSTAS, LOS CUALES NO ASENTARON MANIFESTACIÓN ALGUNA, COMO DEBIÓ ACONTECER, AL SER DUDOSA LA FORMA EN QUE SE ESTABLECIERON LAS PERSONAS QUE FUNGIERON COMO TALES EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ.

SIGUIENDO EL ORDEN DE IDEAS, SI SE PARTICULARIZARA EN EL EJERCICIO QUE HACE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SE CONSTATARÍA QUE EXISTEN NOMBRES DE  FUNCIONARIOS QUE NO COINCIDEN CON LOS ASENTADOS EN LOS ENCARTES, ASÍ COMO QUE NI SIQUIERA PERTENECEN A LA SECCIÓN EN LA CUAL FUNGIERON, COMO SE DESPRENDE DE LOS DATOS QUE SE ASIENTAN EN EL RECURSO DE QUEJA, DE IGUAL FORMA SE DEMUESTRA QUE EXISTEN ALGUNAS QUE NI SIQUIERA FUERON SUSCEPTIBLES DE SER TOMADAS EN CUENTA PARA REALIZAR UNA VALORACIÓN LÓGICA JURÍDICA Y RAZONADA QUE PERMITIESE CREAR CONVICCIÓN EN EL ANIMO DEL JUZGADOR, COMO LO ES LA 242 CB O LA 258 B, EN LAS CUALES NO SE ESTABLECE ALGÚN TIPO DE CONSIDERACIÓN.

EN OTROS CASOS EL TRIBUNAL RESPONSABLE FUE OMISO EN DECRETAR LA NULIDAD CUANDO DE UNA SIMPLE LECTURA DE LAS ACTAS DEL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL SE DEMUESTRA QUE SE INSTALARON ÚNICAMENTE CON DOS PERSONAS, SITUACIÓN QUE CONLLEVA A PLANTEAR POR EXCEDER EL VEINTE POR CIENTO DEL TOTAL DE LAS CASILLAS INSTALADAS QUE ESA H. AUTORIDAD EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETE LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN, YA QUE COMO SE OBSERVA Y CONSIDERANDO QUE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA POR MANDATO CONSTITUCIONAL SON LOS ÓRGANOS ELECTORALES FORMADOS POR CIUDADANOS FACULTADOS PARA RECIBIR LA VOTACIÓN Y REALIZAR EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN CADA UNA DE LAS SECCIONES ELECTORALES, POR LO CUAL, SE ESTABLECE QUE EL ÚNICO ÓRGANO SUSCEPTIBLE PARA RECIBIR LA VOTACIÓN DE LOS CIUDADANOS LO SON LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS Y ESTAS DEBEN TENER COMO PRESUPUESTO FUNDAMENTAL SU LEGAL INSTALACIÓN, YA QUE DE NO SER ASÍ, SE ESTARÍA EN PRESENCIA DE UNA INFRACCIÓN DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL QUE CONCULCARÍA LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 16 DE NUESTRA NORMA FUNDAMENTAL Y EN FRANCA VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD RECTORES EN LA MATERIA ELECTORAL.

EN ATENCIÓN A  LO ESTABLECIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN RELACIÓN CON SUS DEDUCCIONES EN CUANTO AL ERROR EN EL LLENADO DE LAS ACTAS, ES DE PRECISARSE QUE INDEPENDIENTEMENTE QUE NO SE DEDUCE EN BASE A QUE RAZONAMIENTOS LLEGO A ESA CONCLUSIÓN, LO QUE SE DEBE PRIVILEGIAR ES LA LEY, Y EL NOMBRE DE CUALQUIER PERSONA ES UN ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD, ES INHERENTE AL SER HUMANO, LO QUE PERMITE SE SUJETO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, REALIZAR ACTOS JURÍDICOS, INDEPENDIENTEMENTE QUE LA PROPIA CREDENCIAL PARA VOTAR LO CONTEMPLA, ES UN ELEMENTO QUE NOS PERMITE DISTINGUIRNOS DE LOS DEMÁS SERES HUMANOS.

POR LO QUE HACE AL CONSIDERANDO OCTAVO, SE MANIFIESTA QUE EL ERROR ES UN CONCEPTO FALSO DE LA REALIDAD, COMO FUE PRECISADO ANTERIORMENTE Y CUANDO ESTE SE ESTABLECE EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, EL CUAL NO DENOTA FEHACIENTEMENTE LA VOLUNTAD DE LOS CIUDADANOS, CONSTITUYE UN VICIO DE FONDO, QUE VIOLENTA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, Y ESTO PLENAMENTE SE ACREDITA DE UNA SIMPLE REVISIÓN DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, SITUACIÓN QUE LA RESPONSABLE, DESESTIMO, VIOLENTANDO LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DESATENDIENDO EL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD ELECTORAL, QUE ES DE OBSERVANCIA Y APLICACIÓN OBLIGATORIA.

EN MÉRITO DE LO RAZONADO Y DERIVADO DE LO ASENTADO EN EL CONSIDERANDO NOVENO, ES DE ESTABLECERSE QUE EXISTEN IRREGULARIDADES GRAVES, PLENAMENTE ACREDITADAS Y QUE NO FUERON REPARADAS POR EL TRIBUNAL RESPONSABLE , COMO SE DESPRENDE DE LO RAZONADO EN EL PRESENTE OCURSO; IRREGULARIDADES QUE CONCULCAN LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ESTAS EMANAN, IRREGULARIDADES QUE POR SÍ MISMAS CONSTITUYEN CAUSALES DE NULIDAD, QUE ADEMÁS SON GENERALIZADAS Y GRAVES EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ.

CON RELACIÓN A LAS PRUEBAS QUE SE HICIERON VALER, MISMAS QUE TAMBIÉN SON DESESTIMADAS POR EL TRIBUNAL RESPONSABLE, EN MOMENTO ALGUNO SE OBSERVA Y ASÍ LO DENOTA EL EXPEDIENTE QUE SE HUBIESE REALIZADO UNA VALORACIÓN DE LAS MISMAS, LO CUAL CONFIRMA  LO FRÍVOLO DE LOS RAZONAMIENTOS LÓGICOS JURÍDICOS ASENTADOS EN LA SENTENCIA  QUE SE COMBATE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO VALORÓ QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS SUPUESTOS EXISTE PLENAMENTE LA DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS MATERIALES Y DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE SE COMBATEN, EN LAS FORMAS ADMITIDAS POR LA LEY ELECTORAL, MEDIANTE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EN LOS CUALES SE DENOTA LAS CIRCUNSTANCIAS ASENTADAS Y A LAS CUALES SE LES OTORGA PLENO VALOR PROBATORIO QUE PERMITEN EL EXACTO CERCIORAMIENTO ACERCA DE LOS HECHOS DISCUTIDOS Y DISCUTIBLES, CUYO ESCLARECIMIENTO RESULTA NECESARIO PARA LA RESOLUCIÓN DEL PRESENTE ASUNTO, DERIVADO DE QUE LAS PRUEBAS OTORGAN LA VERIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LAS AFIRMACIONES DE HECHO EXPRESADA;

SIRVE COMO CRITERIO SOSTENIDO POR ESTA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA TESIS QUE A LA LETRA SEÑALA QUE:

PRUEBAS DOCUMENTALES. ALCANCE DE LAS (Se transcribe)

ASIMISMO, OLVIDO APRECIAR Y CON LO CUAL VIOLENTA EN CONTRA DE MI REPRESENTADA LOS ARTÍCULOS 14, 16, 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL HECHO QUE LA PETICIÓN PLANTEADA SE FUNDAMENTÓ EN DOCUMENTALES PÚBLICAS, QUE SON AQUELLAS QUE FUERON EXPEDIDAS POR LOS FUNCIONARIOS ELECTORALES EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, COMO LO FUERON DURANTE EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL LOS CIUDADANOS INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS, Y DE LOS CUALES SE DENOTA LAS, REITERADAS IRREGULARIDADES QUE ACONTECIERON DESDE LA INSTALACIÓN, CON FUNCIONARIOS ELECTORALES QUE EN MOMENTO ALGUNO FUERON DETERMINADOS POR LAS AUTORIDADES ELECTORALES, NI CAPACITADOS, QUE NO SIGUIERON LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 137 Y 210 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, YA QUE COMO SE DESPRENDE DE DICHOS DOCUMENTOS PROBATORIOS QUE CONLLEVAN AL ESTABLECIMIENTO DE PLENITUD DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS.

DE LA RESOLUCIÓN QUE SE COMBATE SE DESPRENDE LO OMISO QUE ES EN LA EXPRESIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONSECUENCIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS.

SE VIOLA EN PERJUICIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL LOS ARTÍCULOS 14, 16 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS QUE EXIGEN QUE EN TODO ACTO DE AUTORIDAD SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL CUMPLIENDO LOS REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO; Y ES DE EXPLORADO DERECHO QUE PARA QUE ESTO OCURRA, DEBEN SATISFACERSE DOS CLASES DE REQUISITOS: UNOS DE FORMA Y OTROS DE FONDO. EL ELEMENTO FORMAL QUEDA SATISFECHO CUANDO EN LA RESOLUCIÓN SE CITAN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SE CONSIDERAN APLICABLES AL CASO Y SE EXPRESAN LOS MOTIVOS QUE PROCEDIERON A SU EMISIÓN; PARA INTEGRAR EL SEGUNDO ELEMENTO, ES NECESARIO QUE LOS MOTIVOS INVOCADOS SEAN REALES Y CIERTOS Y QUE CONFORME A LOS PRECEPTOS INVOCADOS, SEAN BASTANTES PARA PROVOCAR EL ACTO DE AUTORIDAD.

POR LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, ESA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEBERÁ CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DE LA LITIS QUE SE PLANTEA, MODIFICANDO LA RESOLUCIÓN DEL LA AUTORIDAD HOY RESPONSABLE, DECLARANDO NULA LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LAS CASILLAS QUE SE INVOCARON Y MODIFICANDO EL CÓMPUTO MUNICIPAL A FAVOR DE MI REPRESENTADA, Y EN EL CASO DE ACTUALIZAR LA NULIDAD EN MAS DEL VEINTE POR CIENTO DE LAS CASILLAS EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ.

VI. El cuatro de diciembre de dos mil uno, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió el oficio número TEE/P/0974/2001, del tres del mismo mes y año, por el cual el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, entre otros documentos, remitió: A) El escrito inicial de demanda; B) El expediente del recurso de queja TEE/RQ/098-“A”/2001; C) Las constancias relativas a la tramitación del medio de impugnación, y D) El informe circunstanciado ley.

VII. El cuatro de diciembre de dos mil uno, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por ministerio de ley, acordó turnar el expediente SUP-JRC-336/2001 al Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos establecidos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VIII. El siete de diciembre de dos mil uno, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió el oficio TEE/P/1119/2001 de seis de diciembre del mismo año, por el cual el Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, remitió el escrito de seis del presente mes y año, mediante el cual la Coalición Alianza por Comitán, por conducto del ciudadano José Guadalupe Castellanos Álvarez, representante propietario de esa coalición ante el Consejo Municipal Electoral de Comitán de Domínguez, Chiapas, compareció al presente juicio como tercero interesado.

IX. El veintiuno de diciembre de dos mil uno, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia acordó: A) Tener por recibido el expediente SUP-JRC-336/2001, radicándolo para su sustanciación; B) Reconocer la personería del ciudadano Miguel Ángel Gordillo Argueta, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Comitán de Domínguez, Chiapas, en términos de lo dispuesto en el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de ser la misma persona que interpuso el medio de impugnación al cual recayó la resolución impugnada; C) Tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; D) Tener por presentado el escrito de comparecencia que como tercero interesado exhibió la Coalición Alianza por Comitán; E) Reconocer la personería de José Guadalupe Castellanos Álvarez como representante propietario de dicha Coalición ante el citado Consejo Municipal; F) Admitir a trámite la demanda, toda vez que se satisfacen los requisitos generales y especiales de procedencia previstos en los artículos 9º, párrafo 1, y 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en particular el relativo a que la violación reclamada pueda ser determinante para el resultado final de la elección, toda vez que de resultar fundados los agravios expresados por el hoy actor, pudiera modificarse la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, ya que de anularse las veintinueve casillas que impugna el hoy actor sumadas a las nueve que anuló la responsable, se afectaría la citada asignación, ya que el partido político hoy actor alcanzaría una regiduría más, para llegar a cuatro, mientras que el Partido Verde Ecologista de México perdería la única regiduría que originalmente se le asignó, y G) En virtud de que no existía trámite pendiente de realizar, declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4° y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que se trata de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por un partido político en contra de una resolución definitiva dictada por una autoridad electoral de una entidad federativa, competente para resolver controversias que surjan con motivo de comicios locales.

SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo de la controversia planteada, se debe analizar la causa de improcedencia hecha valer por la coalición política tercero interesado, por ser su examen preferente y de orden público en términos de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que de actualizarse impediría la válida constitución del proceso.

Al respecto, la Coalición Alianza por Comitán alega que el presente juicio de revisión constitucional debe desecharse en virtud de que, desde su perspectiva, el promovente no cumple con el requisito previsto en el artículo 13, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, ya que no expresa de manera clara los agravios que le irroga la sentencia impugnada.

Cabe precisar que el precepto jurídico que invoca el tercero interesada no constituye un requisito de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, el cual se rige por lo dispuesto en el artículo 99, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los libros Primero y Cuarto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y cuya procedencia está supeditada al cumplimiento de los requisitos generales y especiales establecidos en los artículos 9°, párrafo 1, y 86, párrafo 1, de la citada ley general. En esta virtud, resulta inexacto que para la procedencia del presente medio de impugnación deba cumplirse con lo establecido en alguna ley local.

Ahora bien, si lo que el tercero interesado quiso expresar era que no se cumplía con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a la necesidad de mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, así como los agravios que cause la resolución impugnada, este órgano jurisdiccional federal considera que la causa de improcedencia que invoca la hoy coalición tercero interesada resulta inatendible, ya que el actor esgrime diversos argumentos, a manera de agravios, cuya eficacia no puede ser ventilada al analizar la procedencia del presente juicio.

Además, las exigencias para considerar que un agravio reúne los requisitos necesarios para ser examinando en un medio de impugnación se han orientado a la simplificación en la forma en que se hagan valer, por lo menos en lo que toca ante los tribunales federales, ya que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de facilitar el acceso efectivo a la justicia, han determinado que es suficiente que en el escrito respectivo se precise el acto combatido, la causa de pedir y la lesión que el acto le ocasiona, para que se esté en presencia de un agravio suficiente y apto para su examen de fondo (sin que ello presuponga la eficacia de los mismos para desvirtuar el acto reclamado), superando así el criterio anterior, en que efectivamente se exigía con mayor formalismo la redacción como un silogismo lógico, en donde se precisara detalladamente la normatividad violada, la parte del acto en que se cometió la violación y el razonamiento demostrativo de las aseveraciones del impugnante, que sirvieran de apoyo para arribar a la conclusión pretendida.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número J.03/2000, de esta Sala Superior, publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento número 4, año 2001, página 6, cuyo rubro es “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”.

En esa virtud, al no invocarse otras causas de improcedencia por la autoridad responsable o la coalición tercero interesada y toda vez que esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tampoco advierte, de oficio, que se actualice alguna de ellas, se procede a realizar el estudio de fondo en el presente juicio de revisión constitucional electoral.

TERCERO. De la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional se queja de que la resolución impugnada viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14; 16; 41, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 19 de la Constitución Política del Estado Chiapas, en virtud de lo siguiente:

A. Alega el partido político actor que los considerandos Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de la resolución impugnada carecen de razonamientos lógico-jurídicos en que se acrediten plenamente la relación con los actos, hechos y probanzas aducidos por el entonces inconforme, mediante proposiciones normativas indubitadas, inferencias lógicas, deducciones, inducciones o silogismos, ya que, alega el enjuiciante, los resolutivos son inconcordantes con los considerandos, de lo que se infiere, según el propio actor,  una indebida valoración de los agravios expuestos, toda vez que la responsable, agrega el promovente, asienta razones de carácter subjetivo, sin que en momento alguno se hubiere fundado en principios ciertos que le permitieran arribar a conclusiones ciertas, ni establecer la veracidad o falsedad de los actos impugnados, con lo que, esgrime el actor, se vulneran en su perjuicio los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad e independencia.

B. El tribunal responsable, arguye el impetrante, omitió valorar de manera sistemática, en su conjunto, el recurso de queja que se hizo valer, toda vez que al  fraccionar el estudio correspondiente de los agravios expuestos en el escrito recursal no permitió la aplicación de las normas constitucionales en concordancia con la pretensión realizada por el entonces quejoso.

Al respecto, estima el hoy actor que la responsable “inatendió el principio de atendibilidad imparcial” conforme al cual los juzgadores no pueden dejar de pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos objeto del medio impugnativo, siendo que dicha autoridad no estudió todos y cada uno de los agravios, porque de haberlos valorado en su totalidad hubiere llegado a la conclusión de anular las treinta y ocho casillas impugnadas. En ese sentido, agrega el enjuiciante, se conculca el mandato constitucional de que las sentencias deben ser dictado conforme con la letra de la ley, ya que lo contrario implicaría que el juzgador desempeñe el papel de legislador.

Como un “a mayor abundamiento”, aduce el hoy actor que las autoridades están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos sometidos a su conocimiento y no sólo un aspecto concreto, con lo que la hoy responsable, asegura el enjuiciante, inobservó las tesis de esta Sala Superior y del entonces Tribunal Federal Electoral publicadas, respectivamente, bajo los rubros “EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE” y “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA JURISDICCIÓN ELECTORAL”, ya que en momento alguno, a los órganos jurisdiccionales les está prohibido ahondar en las cuestiones planteadas como agravios, incluso, asegura el enjuiciante, pueden variar los razonamientos ampliando los fundamentos legales y argumentos de los recurrentes, sin necesidad de sujetarse a lo planteado originalmente.

C. Alega el Partido Revolucionario Institucional que el tribunal responsable, en el considerando sexto de la resolución impugnada, violó el principio de certeza, toda vez que excluyó valorar en su conjunto todos los hechos y actos realizados el día de la jornada electoral, ya que según el hoy impetrante, las casillas se encontraban afectadas en cuanto a su integración lo cual se advierte del propio ejercicio realizado por la responsable, y que se constata con los agravios que expresó en la queja, los cuales, asegura el impetrante, adminiculados con las actas de jornada electoral evidencian la conculcación a la ley.

D. Esgrime el impetrante que la responsable fue omisa en acatar el principio de congruencia que rige en el dictado de las sentencias, ya que no hay identidad entre lo resuelto y lo controvertido en el recurso de queja, toda vez que el tribunal resolutor se limita, según el enjuiciante, a realizar consideraciones y valoraciones de carácter subjetivo que no desvirtúan la pretensión plasmada en el escrito recursal, sin expresar los fundamentos y motivos por los que estima o desestima la actualización respectiva de las causas de nulidad que se hicieron valer.

E. Aduce el impetrante que es inconstitucional aquella ley o resolución emanada a su vez de otra que anule por completo un derecho o que haga imposible su ejercicio, porque dentro de nuestro sistema jurídico, arguye el hoy actor, no basta que una autoridad tenga atribuciones para dictar una determinación para que ésta se considere legal y obligatoria, ya que la misma debe estar debidamente fundada y motivada y se debe oír a los posibles afectados, de ahí que, alega el hoy actor, al no existir la debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, no quedaron evidenciados en la sentencia hoy impugnada la debida fundamentación y motivación que debe revestir, ya que el ahora Tribunal responsable no precisó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración al emitir la sentencia.

En tal virtud, agrega el enjuiciante, la responsable al no respetar las formalidades esenciales del procedimiento, en particular la garantía de audiencia, afectó su esfera de derechos, el régimen jurídico constitucional y la estricta aplicación de la norma.

F. Argumenta el enjuiciante que el considerando quinto de la resolución que hoy se impugna le irroga perjuicio ya que el tribunal responsable no realiza un estudio metódico y sistemático de todas y cada una de las documentales generadas durante la etapa de preparación de la elección, tales como los encartes publicados en que se determinó la integración de las mesas directivas de casilla, así como las actas de instalación y cierre de casilla y de las de escrutinio y cómputo, y las hojas de incidentes, las cuales le hubieren llevado a concluir la actualización de las causas de nulidad hechas valer en las casillas impugnadas.

Asimismo, sostiene el Partido Revolucionario Institucional, en momento alguno el tribunal responsable realizó una valoración de las citadas probanzas, lo cual, sostiene el enjuiciante, confirma lo frívolo de los razonamientos lógico-jurídicos asentados en la sentencia reclamada, ya que la responsable no valoró los documentos públicos con lo que se demostraba la existencia de los hechos materiales y actos jurídicos que se combatían.

G. Sostiene el partido político enjuiciante que en la sexta columna del cuadro comparativo que elabora la responsable, en relación con la respectiva causa de nulidad hecha valer, se observa que no coinciden los funcionarios de casilla nombrados por la autoridad administrativa electoral, con los que realmente fungieron el día de la jornada electoral y que, además, la instalación de las casillas impugnadas se llevó a cabo con personas no autorizadas ni capacitadas o que en su caso hayan sido tomadas de la fila por el presidente de la casilla o por los representantes de los partidos políticos o los servidores de los organismos electorales, así como tampoco se respetó el orden de prelación que se dispone en el código electora local, y mucho menos se informó de dichas irregularidades al consejo municipal para que este tomara las medidas conducentes a efecto de privilegiar la votación, por lo que, asegura el impetrante, resultan frívolas las aseveraciones de la responsable establecidas en la citada columna.

Por otro lado, agrega el hoy actor, los secretarios de las casillas en que se impugnó la votación recibida no asentaron en las hojas de incidentes las sustituciones de los respectivos funcionarios, lo que hace dudosa la forma en que se estableció la designación de esas personas. Asimismo, alega el enjuiciante, el tribunal responsable fue omiso en decretar la nulidad de las casillas impugnadas en las que se instaló únicamente con dos personas.

Asimismo, aduce el impetrante que en relación con las consideraciones que realiza la autoridad ahora responsable en cuanto al error alegado en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, se debe privilegiar la ley y, por tanto, según el propio actor debió estimar que la credencial para votar con fotografía le permitía distinguir a unas personas de otras.

H. Finalmente, alega el impetrante que la hoy responsable desestima en el considerando octavo de la sentencia impugnada los agravios en donde se precisaron las casillas en que se configuró el error o dolo, decretando la inoperancia de los mismos por falta de argumentación jurídica, lo cual, en concepto del actor, le irroga perjuicio, ya que, el error o dolo conlleva a un beneficio y que el error es la falsa apreciación de la realidad, por lo que se actualizaba la nulidad de la votación, ya que afectaba directamente el derecho al voto activo de los ciudadanos al ser contabilizado indebidamente.

Dada la estrecha relación que guardan entre sí los agravios resumidos anteriormente, se estudiarán y se dará respuesta en forma conjunta, con excepción de aquellos identificados con los apartados C, D y F, mismos a los que se dará contestación en forma independiente.

I. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que son inoperantes los agravios resumidos en los apartados A, B, E, G y H, por los motivos, razones y fundamentos que enseguida se expresan.

Es importante destacar, para dar contestación a los agravios bajo estudio, que la naturaleza extraordinaria del juicio de revisión constitucional electoral implica el cumplimiento irrestricto de ciertos principios y reglas establecidos, principalmente, en los artículos 41, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 199, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3°, párrafo 2, inciso d), y 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Entre dichos principios destaca el hecho de que, en atención a lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la citada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el juicio de revisión constitucional electoral no procede la suplencia de la queja deficiente, en tanto que se está ante un medio de impugnación de estricto derecho que hace imposible a este órgano jurisdiccional electoral federal suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios cuando los mismos no pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos, permitiéndose únicamente al tribunal del conocimiento resolver con sujeción a los agravios expuestos por el enjuiciante, siguiendo las reglas establecidas en el Libro Cuarto, Título Único, de la ley mencionada.

Si bien es cierto que para la expresión de agravios se ha admitido que ésta puede tenerse por formulada independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, también lo es que, como requisito indispensable, éstos deben expresar con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que con tal argumento expuesto por el enjuiciante, dirigido a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables.

De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha expresión de agravios no debe cumplir una forma sacramental inamovible, los agravios que se hagan valer en el juicio de revisión constitucional electoral sí deben ser, necesariamente, argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver. Así, el actor en el juicio de revisión constitucional electoral debe verter argumentos para hacer patente que los utilizados por la autoridad responsable, conforme con los preceptos normativos aplicables, son insostenibles, debido a que sus inferencias no son acordes con las reglas de la lógica, la experiencia o la sana crítica; los hechos no fueron debidamente probados; las pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra circunstancia que hiciera ver que se contravino la Constitución o la ley por indebida o defectuosa aplicación o interpretación, o bien, porque simplemente se dejó de aplicar una disposición jurídica.

Al expresar cada agravio el actor debe precisar qué aspecto de la parte de la resolución impugnada lo ocasiona, citar el precepto o los preceptos de derecho que considera violados y explicar, fundamentalmente, mediante el desarrollo de razonamientos dirigidos a desvirtuar los motivos de la responsable, la causa por la cual fueron infringidos, exponiendo de esta manera la argumentación que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado; en este sentido, los agravios que dejan de atender tales requisitos resultan inoperantes, puesto que no atacan en sus puntos esenciales al acto o resolución impugnado, al que dejan, sustancialmente, intacto.

La necesidad de una correcta expresión de agravios se hace aún más relevante en el juicio de revisión constitucional electoral, ya que la litis se fija con los argumentos que sustentan la resolución combatida y, precisamente, los agravios expresados en la demanda y que, sustancialmente, es lo que toma en consideración esta Sala Superior para resolver, en virtud de que en dicho medio de impugnación está prohibida la ya comentada suplencia de la deficiencia en la expresión de agravios.

Ahora bien, de la lectura de la sentencia impugnada, la cual ha quedado transcrita, en lo conducente, en el resultando IV de la presente ejecutoria, se advierte que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el quinto considerando estableció las casillas impugnadas y las causas de nulidad invocadas; en el considerando sexto realizó el estudio de las casillas en que el entonces inconforme aducía que la votación se había recibido por personas u organismos no facultados para ello; en el octavo considerando analizó los hechos y agravios tendentes a acreditar la actualización de la causa de nulidad de la votación recibida en casilla, establecida en el inciso i) del artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, consistente en que hubo error o dolo en el cómputo de los votos; en el considerando noveno revisó si se actualizaba o no la causa de nulidad de la votación recibida en casilla, establecida en el inciso k) del precepto legal antes citado; en el décimo considerando lo dedicó a establecer si se actualizaba o no la nulidad de la elección, y en el décimo primer considerando realizó la modificación del cómputo municipal. Asimismo, en cada uno de los considerandos, la responsable expresó motivos y fundamentos por los que consideraba que se actualizaban o no las causas de nulidad hechas valer por el Partido Revolucionario Institucional.

Cabe señalar que aun cuando no existe un considerando séptimo, ello no irroga perjuicio alguno al hoy actor, en virtud de que dicha omisión sólo se debe a un error en la secuencia de la enumeración, pero no en una falta de fundamentación y motivación como se verá en adelante.

En este orden de ideas, es preciso señalar las razones que argumentó la responsable para no otorgar, en su totalidad, la razón al Partido Revolucionario Institucional, las que en esencia fueron las siguientes:

a) Al analizar si en las casillas impugnadas la votación se había recibido o no por personas u órganos distintos a los facultados por el código electoral, el tribunal responsable, después de establecer el marco normativo aplicable, elaboró un cuadro comparativo con base en datos obtenidos de las actas de jornada electoral, las actas de escrutinio y cómputo, las listas nominales de electores y la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, a las cuales otorgó valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 19; 21, y 27, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, en virtud de tratarse de documentos públicos. De dicho cuadro obtuvo una clasificación de las casillas en cinco grupos.

i)                   En el primero, estudió las casillas en las que había ocurrido un corrimiento de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, en virtud de que los nombrados como presidente, secretario o escrutador no habían acudido a cumplir su obligación, por lo que el tribunal responsable estimó que no se actualizaba la causa de nulidad ya que la votación se había recibido por personas que estaban facultadas para ello, toda vez que habían sido nombradas por el consejo municipal y sus nombres aparecían en el encarte. Asimismo, consideró que el hecho de no haberse seguido el procedimiento establecido en el artículo 210 del código electoral local, no actualizaba la causa de nulidad ya que se estaba privilegiando el voto.

ii)                En el segundo grupo de casillas, consideró que había casos en que si bien el nombre de las personas que habían recibido la votación no aparecían en el encarte, sí estaban inscritas en la lista nominal de la casilla respectiva, supuesto permitido por el artículo 210, fracción I, del código electoral local, por lo que desde la perspectiva de la responsable, no se acreditaba la causa de nulidad alegada; sosteniendo su criterio con tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativas a que la sustitución de los funcionarios en casillas debe hacerse con personas inscritas en la lista nominal de la misma sección.

iii)             En el tercer grupo, el tribunal responsable analizó aquellas casillas en las que ante la ausencia de alguno o algunos de los funcionarios de casillas, éstos cargos habían sido sustituidos con personas inscritas en la lista nominal de electores de las respectivas secciones, por lo que, estimó la responsable, que no se actualizaba la causa de nulidad.

iv)              En el cuarto grupo, revisó las casillas que actuaron sin uno de los escrutadores, llegando a la convicción de que no procedía la nulidad de la votación, debido a que las funciones de apoyo que desempeñan dichos funcionarios pueden ser realizadas por uno solo, por lo que con apoyo en la tesis de la Sala Superior que sostiene dicho criterio, decidió no anular.

v)                 Finalmente, en el quinto grupo de casillas, analizó aquellos casos en que se configuraba la causa de nulidad de la votación, en virtud de que los sufragios habían sido recibido por personas que no se encontraban inscritas en la lista nominal respectiva o porque habían fungido sin los dos escrutadores.

b) Al estudiar las casillas en las que supuestamente había existido error o dolo en el cómputo de los votos, el tribunal responsable consideró que para configurar la existencia de tal causa de nulidad debía probarse que hubiere mediado dolo o error en la computación de los votos y que ello fuera determinante para el resultado, y que en el caso sometido a su decisión, el partido político entonces inconforme había manifestado agravios en forma genérica y abstracta, toda vez que no precisaba a qué y cuáles rubros se refería cuando alegaba que existían diferencias; esto es, con base en lo dispuesto en el artículo 47, incisos c) y d), de la ley procesal electoral local, la responsable determinó que no señalaba en qué consistía el error, argumentando que ante la simple numeración de casillas y la causa probable de nulidad, sin el señalamiento de hechos concretos relacionados con la supuesta violación, le impedía realizar un estudio oficioso.

c) Sobre la actualización de la llamada causa genérica de nulidad de la votación recibida en casilla, establecida en el artículo 57, inciso k), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, el tribunal responsable consideró que no se actualizaba en casilla alguna, debido a que el agravio expresado por el entonces inconforme resultaba genérico y abstracto, ya que no especificaba en qué consistieron las irregularidades graves y como se vinculaban con cada una de las casillas impugnadas, con lo que, sostuvo la responsable, se incumplía con lo dispuesto en el artículo 47, incisos c) y d), de la citada ley.

d) Respecto de la negativa de la autoridad electoral administrativa para abrir los paquetes electorales, el tribunal responsable argumentó que el inconforme no precisaba las irregularidades que justificaran la necesidad de la apertura de dichos paquetes, por lo que no podía proceder al estudio de los supuestos establecidos en el artículo 240 del código electoral local, para realizar la referida apertura: para tales conclusiones, el tribunal responsable se apoyó en la tesis sustentada por esta Sala Superior, relativa a cuándo procede la apertura de los paquetes electorales en las sesiones de cómputo.

e) Por otro lado, el tribunal responsable concluyó que no procedía decretar la nulidad de la elección, ya que el total de casillas anuladas sólo representaban el 8.10% de las ciento once instaladas en el Municipio de Comitán.

Sentado lo anterior, por lo que atañe al caso bajo estudio, de la lectura de los conceptos de agravio que se analizan, en lugar alguno se aprecian argumentos que combatan las razones, motivos y fundamentos que utilizó la autoridad responsable para resolver que los agravios formulados por el partido actor en el recurso de queja que dio origen a la resolución impugnada resultaban parcialmente fundados.

En efecto, independientemente de que resulta genérico y subjetivo el agravio resumido en el apartado A, contrariamente a lo que alega el Partido Revolucionario Institucional, tal como se evidencia con el resumen de la sentencia antes formulado, la misma sí contiene razonamientos lógico-jurídicos, en los que el tribunal responsable, con base en los hechos y agravios aducidos por el entonces inconforme y las pruebas que obran en el expediente, determinó los casos en que se actualizaba alguna de las causas de nulidad de la votación recibida en casilla y en aquellos en que la misma no se configuraba, aportó diversos argumentos para justificar no atribuir la consecuencia jurídica de nulidad a la votación recibida en una determinada casilla. Al respecto, se aprecia que a lo largo de los considerandos que el hoy actor impugna, se advierten inferencias y deducciones jurídicas que justifican las conclusiones a que arribó la autoridad jurisdiccional local ahora responsable.

Por otro lado, el hoy actor es impreciso en señalar los motivos por los que estima que las consideraciones de la responsable no concuerdan con los resolutivos, limitándose a señalar que ello se debió a una “indebida valoración de los agravios” expuestos, ya que según el hoy actor, el tribunal electoral local asentó razones subjetivas y no llegó a conclusiones ciertas, ni estableció la veracidad o falsedad de los actos impugnados. Dicho concepto de agravio es genérico y subjetivo y no combate en manera alguna las razones y fundamentos que utilizó el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas para desestimar algunos de sus agravios expresados en el recurso de queja y darle la razón en otros.

Además, de la simple lectura de los considerandos y resolutivos de la sentencia impugnada, resulta fácil advertir que los mismos guardan perfecta congruencia, ya que determinan que al ser parcialmente fundados los agravios expresados por el Partido Revolucionario Institucional, se decretaba la nulidad en nueve casillas y, en consecuencia, se modificaba el cómputo municipal; pero, al no actualizarse un cambio de ganador, se confirmaba la validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría de miembros al ayuntamiento del Municipio de Comitán Chiapas, otorgada a la planilla postulada por la Coalición Alianza por Comitán, así como remitir copia certificada al respectivo consejo municipal para el efecto de que, con motivo de la modificación del cómputo municipal, se hubiere visto afectada la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. En tal virtud, esta Sala Superior arriba a la conclusión de que el hoy actor se equivoca al estimar que no existe concordancia entre los considerandos y los resolutivos de la sentencia.

Por otro lado, el hecho de que el hoy actor aduzca que la responsable omitió valorar de manera sistemática el recurso de queja y que haya fraccionado su estudio, así como el argumento de que el tribunal responsable no estudió todos y cada uno de sus agravios y que con ello inobservó diversas tesis de este órgano jurisdiccional y su antecesor, relativas al cumplimiento al principio de exhaustividad; dichos alegatos en nada desvirtúan los argumentos expuestos por la responsable para justificar su decisión, ya que, el hoy enjuiciante no precisa qué agravios se le dejaron de estudiar o porque, desde su perspectiva, la responsable debió haber seguido un método sistemático de estudio y no seccionado y cómo ello le hubiere llevado a diversa conclusión. Ello es así porque tal como se dijo, los agravios que se resumieron en el apartado B, únicamente constituyen argumentos genéricos y subjetivos que no cuestionan, ni mucho menos desvirtúan los razonamientos, motivos y fundamentos expuestos por el tribunal responsable.

Asimismo, el ahora impetrante tampoco combate los razonamientos de la responsable, con el argumento relativo a que no se suplió la deficiencia de sus agravios hechos valer en el correspondiente recurso de queja, ya que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, bien o mal expuso razones y fundamentos para no entrar oficiosamente al estudio de ciertos agravios, los cuales no son desvirtuados por la expresión genérica que en el presente juicio de revisión constitucional electoral realiza el hoy actor.

De igual forma son genéricos y subjetivos los argumentos que el actor esgrime en el agravio resumido en el apartado E del presente considerando ya que se limita a señalar la supuesta inconstitucionalidad de una resolución que anula un derecho y que la misma debe estar debidamente fundada y motivada y que, además, se debe respetar la garantía de audiencia, advirtiendo que la resolución impugnada sufre de esos vicios. Al respecto, cabe precisar que con dichos argumentos no pueden desvirtuarse ninguno de los motivos y fundamentos que expuso la responsable, ya que el hoy actor no señala en qué consistió la indebida fundamentación y motivación, es decir, no señala cuáles de las razones que expresa el tribunal responsable son incorrectas, falsas o imprecisas y cuáles debieron ser los preceptos jurídicos que debió aplicar o cuáles de los aplicados resultan inadecuados para regir la situación jurídica que se resolvía.

Por otro lado, para desvirtuar el estudio que realiza la responsable, sobre la causa de nulidad de la votación recibida en casilla establecida en el artículo 57, inciso b), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, consistente en que en al menos cuatro grupos de casillas no se configuraba la causa de nulidad, y que sólo en nueve de las casillas impugnadas procedía decretar la referida nulidad, no basta el argumento que esgrime el hoy actor consistente en que de la sexta columna que elabora la responsable en su cuadro comparativo se advierte que no coinciden los funcionarios originalmente nombrados y los que efectivamente recibieron la votación.

Lo anterior es así, porque aun cuando dicha columna es utilizada por la responsable para determinar cuáles de los funcionarios no coincidían, con posterioridad, con base en las documentales públicas que obran en el expediente, justificó esas sustituciones, ya sea mediante corrimiento de los funcionarios previamente nombrados o mediante los nombramientos que se realizaron con los ciudadanos formados para votar y que estaban inscritos en la lista nominal de la sección respectiva, sin que sea suficiente para desvirtuar las consideraciones de la responsable, los argumentos que expone el hoy actor, consistentes en que el hecho de no haberse anotado incidentes hacía dudoso el nombramiento de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla, a que los mismos no se nombraron de entre los formados e inscritos en la lista nominal respectiva o conforme con los procedimientos establecidos en el código electoral local, porque tales aseveraciones, en concepto de este órgano jurisdicicional federal, son meras conjeturas de carácter subjetivo que no atacan ni desvirtúan los motivos y fundamentos expuestos por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

De igual forma es genérico y subjetivo el agravio resumido en el apartado H del inicio del presente considerando, porque para desvirtuar las razones que arguyó la responsable para no estudiar oficiosamente las casillas en las que el entonces quejoso hizo valer la causa de nulidad consistente en haber mediado error o dolo en el cómputo de los votos, el hoy actor se limita a señalar que con el error y el dolo se vulnera el derecho del voto activo de los ciudadanos, pero no combate los motivos y fundamentos que bien o mal expuso la responsable, consistentes en que el entonces inconforme no precisaba a qué y cuáles rubros se refería cuando alegaba que existían diferencias en el cómputo, esto es, que no señalaba en qué consistía el error, y que la simple numeración de casillas y la causa probable de nulidad, le impedía realizar un estudio oficioso.

Al efecto, el hoy actor pudo haber manifestado los motivos por los que, desde su punto de vista, no resultaba aplicable el artículo 47 que invoca la responsable y razonar por qué no se le podía exigir que señalara en cada casilla en qué consistía el error o dolo que aducía había ocurrido, pero si sólo se concreta a señalar cuales son las acepciones de los conceptos “error” y “dolo” y que los mismos afectan el derecho de votar de los ciudadanos, no puede considerarse que sean suficientes para desvirtuar los motivos, razones y fundamentos que, como ya quedó dicho, bien o mal, expuso la responsable para sostener su determinación.

Como se puede apreciar de lo antes expuesto, en el caso concreto, se hace notoriamente evidente que el actor se limita en su expresión de agravios a externar afirmaciones genéricas y subjetivas que no constituyen argumentos jurídicos tendentes a atacar los motivos y fundamentos que tomó en cuenta la autoridad responsable para emitir la resolución impugnada.

En este sentido, no pueden considerarse suficientes las afirmaciones genéricas, subjetivas e imprecisas formuladas por el Partido Revolucionario Institucional, respecto de que el tribunal responsable violó lo establecido en los artículos 14; 16; 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, así como los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad e independencia, porque no son argumentos que expresen con claridad las violaciones constitucionales o legales que el partido actor considera fueron cometidas en su perjuicio por la autoridad responsable, que permitan concluir que la misma no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; que aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; que realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada, o bien, que los motivos y razones de la responsable son insostenibles.

Esto es, el actor, al expresar los agravios bajo análisis en el presente juicio de revisión constitucional electoral, no desarrolla razonamientos concretos que tiendan a desvirtuar, uno a uno, con planteamientos que rebatan jurídicamente los motivos y fundamentos empleados por el tribunal responsable para sostener la validez de la elección, por lo que no otorga elementos a esta Sala Superior para poder estudiar puntos controvertidos ciertos y verdaderos, respecto de tal determinación, pues no identifica en manera alguna, al menos, qué hechos o agravios concretos le fueron indebidamente estudiados por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ni mucho menos desarrolla o construye argumento jurídico alguno que por lo menos exponga de qué manera el sentido en que resolvió la responsable violenta los principios y preceptos referidos.

En este tenor, no basta con que el actor exprese que la autoridad responsable inobservó cierta disposición normativa o haya dejado de estudiar agravios o no hubiere debidamente valorado ciertas pruebas, sino debe argumentar por qué, a la luz de los preceptos jurídicos aplicables, la autoridad incurre en trasgresión constitucional y legal, y precisar en qué forma los motivos de la responsable no son los que debió haber tomado en consideración al resolver, sino otros de mayor peso o importancia, o cómo la apreciación de ciertos hechos o la interpretación o aplicación indebida de determinados preceptos jurídicos llevó a la responsable a tomar una decisión equivocada.

Efectivamente, el actor no expresa en manera alguna qué hecho, agravio, argumento o inferencia lógica le dejó de estudiar o le analizó indebidamente la autoridad responsable para considerar que viola en su perjuicio los preceptos y principios señalados, y cómo esa falta o indebido estudio generó un fallo distinto al que hubiere asumido si se hubiera ocupado de dicho análisis, sino que se limita a expresar una serie de afirmaciones que resultan subjetivas, imprecisas y genéricas, por lo que los motivos, razones y fundamentos de la responsable, en la parte que se impugna, deben quedar incólumes.

2. Por otro lado, este órgano jurisdiccional federal considera que resulta infundado el agravio identificado en el apartado C, D y F del resumen realizado al inicio del presente considerando, por lo que a continuación se expresa.

En efecto, contrariamente a lo que sostiene el hoy actor en el agravio resumido en el apartado C, la autoridad responsable no viola el principio de certeza en el considerando sexto de la resolución impugnada, porque es inexacto lo alegado por el enjuiciante en el sentido de que la propia responsable no hubiere valorado en su conjunto todos los hechos y actos ocurridos durante la jornada electoral.

De la lectura del considerando cuestionado se aprecia con exactitud que con base en los agravios formulados por el Partido Revolucionario Institucional en el recurso de queja y las pruebas que obran en el expediente, en particular las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, las listas de integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, así como las listas nominales de electores, a la luz de lo establecido en el Código Electoral del Estado de Chiapas, el tribunal responsable analizó las supuestas irregularidades ocurridas en todas y cada una de las casillas impugnadas y, en cada caso, determinó los motivos, razones y fundamentos por los que decidía no anular la votación recibida en ciertas casillas, así como en las que se debía proceder a la nulidad.

En este sentido, es falsa la aseveración del hoy actor relativa a que con el estudio que realiza la responsable se aceptó que la ilegalidad en la integración de las mesas directivas de casilla, porque si bien en la columna sexta del cuadro comparativo que formula el tribunal responsable, el cual consta a fojas 21 a 24 de la resolución impugnada, se anotaron las diferencias entre los funcionarios originalmente designados y los que efectivamente recibieron la votación, en el caso de cada casilla, en los subsecuentes párrafos del mismo considerando, la responsable expresó con precisión porqué en cada caso se actualizaba o no la causa de nulidad entonces invocada, para lo cual, como se señaló con anterioridad, valoró las actas de jornada electoral que, aduce el hoy actor, debieron adminicularse con sus agravios.

De igual forma, es ineficaz el agravio expuesto por el Partido Revolucionario Institucional y que fue resumido en el apartado D del inicio del presente considerando, en virtud de que contrariamente a lo que sostiene el hoy actor la autoridad responsable no vulneró el principio de congruencia, toda vez que resolvió todos y cada uno de los planteamientos del entonces inconforme.

En efecto, de la lectura de la sentencia impugnada, se aprecia que en el considerando cuarto, la responsable transcribió la demanda del recurso de queja y a lo largo de los subsecuentes considerandos desestimó algunos de los planteamientos formulados por el actor y, en otros, le otorgó la razón. Para ello, expuso diversas motivos y fundamentos, lo cuales, no son subjetivos y sí aportan argumentos jurídicos razonables para desvirtuar lo planteado por el entonces quejoso, sin que en el presente juicio de revisión constitucional, tal como se analizó en el numeral 1 de este considerando, se esgriman argumentos jurídicamente aptos o racionalmente apropiados o suficientes para desvirtuar las razones que expuso la autoridad responsable, por lo que se mantienen incólumes.

Finalmente, tampoco asiste la razón al hoy actor en su agravio resumido en el apartado F, respecto de que el tribunal responsable no valoró las documentales que se generaron tanto en la etapa de preparación de la elección como durante la jornada electoral, porque con toda precisión se lee a foja 21 de la sentencia impugnada que “al efectuarse un minucioso estudio de las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, listas nominales y lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, documentos a los que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 19, 21 y 27 párrafo 1, inciso a) de la Ley Adjetiva de la Materia, por tratarse de documentales públicas, se constata lo siguiente: ...” de lo que se advierte que, contrariamente a lo que afirma el promovente, el tribunal responsable sí valoró las documentales públicas generadas durante la etapa de preparación de la elección por el Consejo Municipal Electoral de Comitán, Chiapas (lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla y listas nominales de electores), así como por los funcionarios electorales que recibieron la votación el día de la jornada electoral (actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo), y con base en ellas elaboró un cuadro comparativo, cuyo estudio le permitió determinar los casos en que se configuraba la causas de nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas por el entonces inconforme, así como en aquellos casos en que era improcedente tal declaración de nulidad.

En razón de lo antes expuesto, al haber resultado inoperantes, por un lado, e infundados, por el otro, los agravios expresados por el Partido Revolucionario Institucional, debe confirmarse la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil uno, dictada por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente del recurso de queja TEE/RQ/098-“A”/2001.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 1º, 184, 185, 187 y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 1º; 2º; 3º, párrafos 1, inciso a), y 2, inciso d); 6º, párrafos 1 y 3; 16; 19; 29, y 86 a 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se:

R E S U E L V E

ÚNICO: Se confirma la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil uno, dictada por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente del recurso de queja TEE/RQ/098-“A”/2001.

NOTIFÍQUESE personalmente al Partido Revolucionario Institucional en el domicilio ubicado en Insurgentes Norte, número 59, edificio 2, tercer piso, colonia Buenavista, código postal 06259, delegación Cuahutémoc, en esta ciudad de México, Distrito Federal, y a la Coalición Alianza por Comitán, en la oficina de la representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Federal Electoral, ubicada en Viaducto Tlalpan, número 100, colonia Arenal Tepepan, código postal 14610, en esta Ciudad de México, Distrito Federal; por oficio con copia certificada de la presente sentencia, al Tribunal responsable y al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chiapas, y por estrados a los demás interesados.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Eloy Fuentes Cerda, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

JOSÉ FERNANDO OJESTO

MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FLAVIO GALVÁN RIVERA